Una jueza hondureña suspendió este jueves la prohibición de retornar a su país al mexicano Gustavo Castro, único testigo del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, informaron autoridades, que añadieron se investiga a la empresa que la había amenazado.

La juez Victoria Flores emitió una resolución para “dejar sin valor y efecto la medida de prohibición de salir del país” a Castro, según una nota enviada a las autoridades de Migración por parte del juzgado de la ciudad de La Esperanza (oeste), donde ocurrió el crimen.

Berta Cáceres, de 44 años, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a tiros el 3 de marzo por desconocidos que entraron a su casa e hirieron a Gustavo Castro, quien estaba en otra habitación y logró salir con vida porque simuló estar muerto.

El mexicano intentó salir de Honduras cuatro días después del crimen, pero fue retenido en el aeropuerto porque el juzgado puso una alerta migratoria para que no pudiera abandonar el país mientras se hacían las investigaciones por un plazo de 30 días, que se cumplirían el próximo 7 de abril.

El gobierno mexicano y la ONG que coordinaba el activista, Otros Mundos Chiapas, habían hecho peticiones para que Castro pudiera regresar al país y colaborara desde ahí en las investigaciones mediante el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua entre ambas naciones.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también lo había hecho para que el activista pudiera comparecer ante su sede en Washington.

“En la @SRE_mx nos congratulamos por la decisión adoptada por las autoridades hondureñas”, dijo la canciller mexicana a través de su cuenta en Twitter, donde precisó que Castro podrá seguir colaborando con la investigación del crimen desde el país.

De su lado, Otros Mundos Chiapas celebró la decisión de la juez pero denunció “la falta de reacción del gobierno mexicano” por no haber realizado “con celeridad” las acciones necesarias para que Castro regresar a su país antes.

– La empresa que amenazó a Cáceres, en la mira –

Sin embargo, el ministerio Público de Honduras dijo en un comunicado que “no se descarta que a futuro se pueda solicitar la presencia del testigo de surgir nuevos elementos en la investigación”.

Y añadió que el pasado 13 de marzo se intervino por orden judicial la empresa Desarrollos Eléctricos S.A. (DESA), a la que Berta Cáceres denunciaba de amenazarla, “en donde se han decomisado armas, secuestrado documentos y tomado declaración testifical a empleados como parte de las líneas de investigación”.

La fallecida activista tenía medidas cautelares de la CIDH porque había denunciado que DESA junto con autoridades militares, policiales y de la fiscalía la amenazaban constantemente de muerte por oponerse, a través de manifestaciones con indígenas del Copinh, a la construcción de una represa hidroléctrica en el río Gualcarque, que cruza territorio del grupo étnico.

“De haber indicios suficientes, se complementarán con prueba científica” y “en colaboración con el Copinh se están haciendo verificaciones de algunos eventos donde Cáceres recibió amenazas”, subrayó la fiscalía.

Musica maestra

Deja un Comentario

Please enter your comment!
Please enter your name here