Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa exigieron el martes ante la embajada de México en Buenos Aires que recuperen con vida a estos jóvenes desaparecidos hace ochos meses, en el marco de una caravana que también los llevará a Uruguay y Brasil.  

“Estamos aquí enfrente de la Embajada para exigir la presentación con vida de nuestros hijos porque sabemos muy bien que fue el gobierno quien se llevó a nuestros hijos. Fue la policía en complicidad con los militares”, sostuvo Hilda Legideño Vargas, madre del estudiante desaparecido Jorge Antonio Tizapa Legideño.

La mujer, que lucía una camiseta con la leyenda “Nos faltan 43”, forma parte del grupo de dos madres, un padre y el sobreviviente Francisco Sánchez Nava, que llegó a la capital argentina al cumplirse este martes ocho meses del trágico hecho.

La Caravana 43 Sudamérica​ realizó en varias ciudades argentinas el primer tramo de un recorrido que la llevará en los próximos días a Montevideo, la capital uruguaya, y a las ciudades brasileñas de Sao Paulo, Porto Alegre y Río de Janeiro, informó la organización en un comunicado.

“Tengo el dolor en el corazón porque ya llevo ocho meses sin poder abrazar a mi hijo, sin poder besarlo, sin saber cómo está”, explicó en el acto Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández.

Las decenas de participantes colocaron carteles en las rejas de la sede diplomática, custodiada por personal policial.

“Vivos los llevaron, vivos los queremos”, rezaba un cartel con el rostro de los 43 normalistas. “Justicia por Ayotzinapa” y “Todos somos Ayotzinapa”, rezaban otros. 

Hilda Hernández Rivera, madre de César Manuel González Hernández, insistió en la aparición con vida de los estudiantes, y alegó que desde el principio de esta desaparición masiva los jóvenes fueron dados por muertos por las autoridades.

Por su parte, la embajada difundió un comunicado donde señala que “el gobierno de México repudia y condena el atroz crimen cometido contra los estudiantes de Ayotzinapa”.

Da cuenta sobre la “exhaustiva” investigación llevada a cabo y sostiene que “los hechos fueron cometidos por policías locales en colusión con miembros del crimen organizado. 

Según la reconstrucción de la fiscalía, el 26 de septiembre pasado, los 43 estudiantes fueron atacados por policías de Iguala apoyados por miembros del cártel Guerreros Unidos por orden del alcalde. 

Según esta versión, los sicarios los asesinaron, incineraron sus cadáveres y arrojaron sus restos a un río, supuestamente por creer que entre los jóvenes habían infiltrados de un grupo rival.

Los familiares de las víctimas y ONGs internacionales como Human Rights Watch rechazan esta versión de los hechos porque las pruebas científicas solo han podido determinar la muerte de uno de los jóvenes.

El hecho está siendo investigado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Urban beat

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