El Senado mexicano ratificó este martes a la exsenadora oficialista Arely Gómez como nueva fiscal general del país en medio de críticas a su antecesor por la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos y con cuestionamientos sobre su imparcialidad.

Con 106 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones, el pleno del Senado ratificó a Gómez como titular de fiscalía en sustitución de Jesús Murillo Karam, que el viernes fue removido de su puesto por el presidente Enrique Peña Nieto para que pase a encabezar un ministerio menor de su gobierno.

Arely Gómez, que el jueves había pedido licencia como senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para ser subprocuradora de Jurídica y de Asuntos Internacionales, es hermana de Leopoldo Gómez, el vicepresidente de Televisa, la mayor cadena de habla hispana en el mundo.

Peña Nieto, esposo de Angélica Rivera, una popular exprotagonista de telenovelas de esa cadena, fue bautizado popularmente como ‘candidato Televisa’ durante la campaña presidencial del 2012 y, aunque la cadena rechaza los señalamientos, es considerada muy cercana al gobierno por los opositores del PRI.

El senador Manuel Bartlett, del Partido del Trabajo (izquierda), dijo que su grupo parlamentario votó en contra “porque hay parcialidad en su designación (…) y el titular de la Procuraduría debería ser independiente, por encima de los partidos políticos y del Poder Ejecutivo”.

Entretanto, Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional (PAN, conservador), dijo que, si bien su fracción apoyó el nombramiento, la nueva fiscal tiene el “enorme reto” de “demostrar independencia, capacidad”.

“Nadie puede dar un solo dato que vincule nuestras trayectorias ni en forma personal ni institucional”, dijo este martes Leopoldo Gómez sobre la relación con su hermana en una columna en el diario Milenio.

Arely Gómez asume el cargo en uno de los momentos más delicados de la dependencia, que ha sido cuestionada por organismos internacionales como Human Rights Watch o Amnistía internacional por haber afirmado que los 43 alumnos desaparecidos en septiembre en Guerrero (sur) fueron masacrados en base a testimonios de sicarios y con sólo las pruebas genéticas de un estudiante.

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