El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ejerció su derecho a veto este jueves sobre una parte de la ley anticorrupción al considerar que establece “excesivas” obligaciones a las empresas y sus trabajadores.

Los senadores y diputados aprobaron la semana pasada las siete leyes que dan vida al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción de México, donde cada año desaparecen unos 100.000 millones de dólares del erario.

El artículo 32 establece que cualquier empresa y sus trabajadores deberán presentar declaraciones patrimoniales y de intereses si ejerce recursos públicos o tiene cualquier tipo de contrato con gobiernos, lo que generó críticas del empresariado.

Peña Nieto “ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el sistema nacional anticorrupción ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones”, dijo en un mensaje a los medios Humberto Castillejos, consejero jurídico del presidente.

Para el gobierno mexicano, “la presentación de las declaraciones de millones y millones de mexicanos que salen todos los días a ganarse la vida de forma honesta, en nada ayudaría a combatir la corrupción y en todo perjudicaría su vida privada y pondría en riesgo sus derechos humanos”, agregó Castillejos.

El presidente enviará a los legisladores su propuesta de “modificaciones” que “de ninguna manera disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a aquellos particulares que actúen de forma irregular ante el Estado”, expuso el consejero.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), gremio que reúne 36.000 empresas, festejó el veto parcial de Peña Nieto.

“El objetivo de este Sistema (Nacional Anticorrupción) es contar con un andamiaje que permita castigar el mal uso de los recursos públicos” y no entorpecerlo, indicó en un comunicado la Coparmex tras confiar en que la “corrección” de la ley se lleve a cabo a la brevedad posible.

La aprobación de las siete leyes anticorrupción fue precedida de una polémica generada por la sanción de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En su artículo 29, esta ley que llegó al Congreso a través de una pujante iniciativa ciudadana que recolectó más de 600.000 firmas, establecía el llamado “tres de tres”, es decir, que servidores públicos estarían obligados a presentar declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.

Pero los legisladores añadieron: “salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales” de los servidores públicos, lo que debilitó antes de su nacimiento al Sistema Nacional Anticorrupción, según expertos.

 

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