El polémico gobernador de Veracruz (este), Javier Duarte, se deslindó este martes ante la fiscalía de Ciudad de México del brutal multihomicio de un fotoperiodista y cuatro mujeres, entre ellas una activista que junto con el comunicador había denunciado recibir amenazas en ese distrito.

El gobernador Duarte “compareció de manera voluntaria en su calidad de testigo en las instalaciones de la fiscalía” de Veracruz, informó la fiscalía de Ciudad de México en un comunicado.

El funcionario testificó sobre el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista social Nadia Vera, quienes habían vivido en Veracruz, el estado más peligroso para ejercer el periodismo y de donde salieron huyendo luego de denunciar amenazas contra su vida por el trabajo que ahí realizaban.

En el homicidio también fueron ultimadas otras tres mujeres, entre ellas una colombiana. Los cinco cadáveres fueron hallados el 31 de julio en un departamento de un céntrico barrio de Ciudad de México con un bala en la cabeza y señales de tortura y agresión sexual.  

Durante una hora 15 minutos, el funcionario respondió ante un ministerio público (personal investigador) un cuestionario de la fiscalía capitalina y otro listado de preguntas elaborado por Artículo 19, la organización de defensa de derechos de los periodistas designada por la familia del fotoperiodista para coadyuvar en las investigaciones. 

Duarte se acogió a una excepción de la ley que le permitió testificar en un caso judicial pese al fuero de que goza como gobernador.

“Respondí a todas sus preguntas y dejo claro que me deslindo totalmente de los acontecimientos ocurridos el 31 de julio en la ciudad de México”, dijo más tarde Duarte en una comunicación dirigida a la opinión pública difundida en su Twitter.

Duarte, cuyo gobierno ha estado marcado desde su inicio en 2010 por la violencia contra la prensa, consideró que “los linchamientos” públicos “lejos de crear valor, alejan de la verdad y encubren a los verdaderos culpables”.

Organizaciones sociales y abogados expresaron el martes su temor de que con la declaración del gobernador se pretenda cerrar la investigación del móvil político en el multihomicidio.

Desde que asumió la gobernación, 11 periodistas han sido asesinados y cuatro más han desaparecido, aunque no se ha demostrado ningún vínculo del político con estos crímenes.

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