La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) extendió este miércoles la misión de expertos que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, México, hasta el 30 de abril de 2016.

La CIDH, órgano autónomo de la OEA, tomó la decisión, tras escuchar a los representantes de las víctimas y sus familiares, al Estado mexicano y a los expertos, que en informe detallaron las “deficiencias de las investigaciones” oficiales sobre el caso, dijo el comisionado para México, James Cavallaro.

Por eso la Comisión consideró que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), compuesto por cuatro juristas y un médico, deberá seguir “identificando líneas de investigación adecuadas tanto en la búsqueda de los 43 -con vida o sus restos- como también en la identificación de las responsabilidades”, añadió Cavallaro.

La renovación llevará a 13 meses el mandato en México del GIEI, que en un informe publicado en septiembre contradijo la versión oficial, según la cual los jóvenes fueron asesinados e incinerados por sicarios en un basurero, y puso en entredicho al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Los expertos y el gobierno de México acordaron la semana pasada en Washington las bases para continuar la segunda etapa de la misión del grupo, poco más de un año después de la desaparición de los 43 estudiantes de una escuela normalista de Iguala (Guerrero, sur), el 26 de septiembre de 2014.

Para la CIDH, el caso es “muy importante y lo tratamos con la seriedad que amerita”, señaló la presidenta del ente regional, Rose-Marie Antoine.

Según el documento de diez puntos acordado entre las partes, la investigación oficial, trasladada a una fiscalía especial – la Subprocuraduría sobre derechos humanos de la Procuraduría (Fiscalía) – deberá incorporar las recomendaciones que la GIEI formuló en su informe.

Pero ya han surgido diferencias entre los expertos, que han solicitado interrogar directamente a policías señalados de haber estado en varias de las escenas donde fueron vistos por última vez los jóvenes, y el Estado que se niega a ello, al considerar que ese trámite debe hacerse a través de la Fiscalía.

La versión más manejada hasta hoy ha sido que policías atacaron a los estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en Iguala y luego los habrían entregados al cartel de drogas local Guerreros Unidos.

Este grupo los confundió con miembros de un clan rival y los habrían asesinado e incinerado luego en un basurero, aunque esa historia fue rechazada por los familiares de las víctimas.

Según la Comisión, México debe “facilitar y viabilizar” las entrevistas del grupo de expertos con los uniformados, dijo Cavallaro, aunque apuntó que al organismo “no le corresponde entrar en los detalles”.

“Se entiende que se va a trabajar el tema de las entrevistas, entre ellas a los militares, eso es lo que entendemos”, expresó.

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