Las agresiones a periodistas en México se han intensificado en la presidencia de Enrique Peña Nieto y van del homicidio y la desaparición a la tortura, penas de cárcel, clonación de publicaciones y el despido fulminante, alertó el martes la organización internacional Artículo 19.

De acuerdo con su reporte “Estado de Censura: Informe 2014 sobre la violencia contra la prensa”, presentado en la capital, “cada 26,7 horas se agrede a un periodista” en México desde que el mandatario asumió el poder en diciembre de 2012.

Esta frecuencia implica que “las agresiones contra la prensa casi se duplicaron comparado con la (presidencia) de Felipe Calderón (2006-2012), en la que se agredía a un comunicador cada 48,1 horas”, señaló el informe.

De las 326 agresiones registradas en 2014, el 48% fue cometido por un funcionario público, declaró Darío Ramírez, director de esta organización internacional de defensa de los periodistas, con sede en Londres. 

En la actual administración “10 periodistas han sido asesinados en posible relación con su labor informativa y cuatro más han desaparecido”, crímenes que “permanecen impunes”, señaló Ramírez al enfatizar que la desaparición de comunicadores es un fenómeno que sólo ocurre en México.

En la presentación del informe, celebrada en un antiguo convento del centro histórico, estuvo presente la influyente periodista Carmen Aristegui, recientemente despedida de su popular espacio radial de noticias.

“Dormir al lado del león” 

Aristegui, quien cree que su despido se debió a que reveló la compra de una lujosa mansión por la primera dama a un importante contratista gubernamental, afirmó que los abusos contra comunicadores hablan de la “intolerancia” que hay desde el poder a las voces disidentes.

El gobierno tiene “una incapacidad sistemática de comprender el contrapeso de las voces disidentes y de que la información, la disidencia y la crítica son ingredientes indispensables para aspirar mínimamente a una vida democrática”, dijo la también conductora de CNN en Español.

En la conferencia también participó Adrián López, director editorial del periódico Noroeste de Sinaloa (noroeste), quien en abril de 2014 resultó herido de bala tras ser atacado en su automóvil.

Los periodistas en Sinaloa, un estado con alta actividad del narcotráfico, “sabemos que cohabitamos con el crimen organizado, que dormimos al lado del león”, dijo López al relatar cómo su periódico se ha dedicado a denunciar la “narcopolítica”.

En otro ejemplo de ataques, Ramírez alertó de que Pedro Canché, un periodista maya encarcelado en agosto de 2014 que denunció la represión contra las personas de esta etnia, ha sido torturado por policías municipales. 

Artículo 19, a cargo de la defensa del periodista maya, abrió un blog para que pudiera narrar su historia en prisión pero el director de la cárcel decidió quitarle todo papel y pluma para evitar que escribiera, señaló Ramírez.

Otra de las víctimas que estuvieron en la presentación del informe es Karla Silva, una joven periodista de 24 años golpeada en septiembre de 2014 en su redacción por hombres contratados por policías municipales del pueblo de Silao (centro).

En la presentación también se mencionó el caso de Luces del Siglo, un periódico del estado de Quintana Roo cuya versión digital ha sido clonada más de 62 veces y la impresa ocho veces. El autor de la clonación es el gobierno estatal, que incluso llegó a distribuir ejemplares falsos en un evento oficial, denunció Norma Madero, directora de la publicación.

Autoridades “ineficientes” 

Del total de ataques contra periodistas y medios que Artículo 19 registró en 2014, las agresiones físicas o materiales fueron el 43%, las intimidaciones el 16%, las detenciones arbitrarias el 14% y las amenazas el 13%.

La capital mexicana “es donde más se agredió a la prensa”, seguida por los estados de Quintana Roo (este) y Veracruz (este), detalló.

Artículo 19 considera que las dependencias mexicanas son “ineficientes” para perseguir las agresiones contra la prensa.

Otra organización de defensa de la prensa, Reporteros Sin Fronteras, ubica a México entre los países de mayor riesgo para ejercer el periodismo con al menos 82 profesionales de la comunicación asesinados entre 2000 y septiembre de 2014.

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