La sentencia que inhabilita al juez Baltasar Garzón para ejercer durante los próximos 11 años, por haber investigado los casos criminales y de corrupción en la dictadura franquista, es una decisión política, no estrictamente jurídica; además de que sienta un precedente de aleccionamiento para los jueces que pretendan indagar en la historia de las dictaduras en América Latina, dice el periodista Antonio Navalón en entrevista para Medios UDG Noticias matutino con Karla Planter.

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