Ciudad de México.

Tres indígenas fueron liberados este domingo tras haber pasado 11 años presos acusados de homicidio, en el marco de un conflicto por el agua en la localidad de Tlanixco, en el central Estado de México.

“Todo Tlanixco recibe la libertad de Dominga González, Marco Antonio Pérez y Lorenzo Sánchez con gran alegría”, dijo en Twitter el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, una organización que acompañó el proceso.

Los tres indígenas de la etnia nahua habían sido sentenciados a 50 años de prisión por la muerte de un empresario en 2003, en el contexto de un conflicto que la localidad mantiene desde los años ochenta con empresas asentadas en el vecino municipio de Villa Guerrero dedicadas a la floricultura, por el uso del agua.

Los indígenas fueron liberados luego de que la fiscalía local desistiera de los cargos penales en su contra.

Otros tres indígenas permanecen presos acusados del mismo delito.

“Aún seguimos en la lucha por Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias hasta conseguir prontamente también su libertad”, agregó el centro Zeferino Ladrillero.

El caso había atraído la atención de la Organización de las Naciones Unidas, que el pasado 30 de octubre había expresado su preocupación por la falta de garantías al debido proceso judicial al estimar que no había elementos suficientes para determinar la condena.

“Esta secuencia de violaciones al debido proceso legal puede entenderse como una criminalización de los defensores indígenas en la medida que se constata una inadecuada aplicación de la justicia”, había la ONU dicho en aquel momento.

En México ha habido casos similares de violaciones al debido proceso jurídico contra pobladores indígenas.

En 2006 tres indígenas de la etnia otomí -Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González- fueron detenidas y acusadas del secuestro de agentes policíacos en el central estado de Querétaro.

Sin embargo, nunca se presentaron pruebas en su contra y no contaron con intérpretes. Por ello, fueron liberadas y la fiscalía general les ofreció una disculpa pública en febrero de 2017.