Ciudad de México, México.

México vive este 2017 su año más violento al menos de las últimas dos décadas, en parte, por una atomización de los cárteles de la droga en pequeños grupos criminales que pelean por el control de calles y rutas de tráfico.

A falta todavía de los números de diciembre, el país acumuló al onceavo mes del año 23.101 expedientes por homicidio doloso (asesinato), la cifra anual más alta desde que en 1997 el gobierno mexicano comenzó a concentrar la información de los 31 estados y la Ciudad de México.

El 54 por ciento de las muertes se acumula en ocho estados encabezados por el sureño Guerrero, pero una veintena a lo largo de prácticamente todo el país tuvo este año más asesinatos en comparación con 2016, que cerró con 20.547 expedientes, según los datos mensuales divulgados el viernes por la Secretaría de Gobernación.

"Las autoridades se han concentrado en combatir al crimen organizado de forma inadecuada. Han intentado bajo una política equivocada atomizar a los grupos", dijo a Xinhua el consultor en seguridad pública Arturo Arango.

La estrategia, sostuvo el experto en análisis de incidencia, ha carecido de medidas contundentes para arrebatar a las organizaciones criminales el dinero que ganan y contrarrestar el tráfico de armas desde Estados Unidos, que es la gasolina para librar sus pugnas.

El gobierno mexicano explica el aumento de la violencia en cierta medida por peleas intestinas en los cárteles y el surgimiento de grupos delictivos que se han escindido de ellos, producto de golpes que las agencias de seguridad les han asestado con la captura de capos.

Al igual que las grandes organizaciones, esos grupos buscan una tajada de la venta de drogas en las calles o el tráfico hacia Estados Unidos, el mayor consumidor de narcóticos del mundo.

"Buena parte de la violencia tiene que ver con la demanda de droga", apuntó esta semana el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, en entrevista con el diario Reforma.

Hace una década, cuando el entonces presidente Felipe Calderón sacó a las calles a las fuerzas armadas para combatir al crimen organizado, la Policía Federal registraba la existencia de seis cárteles de la droga.

En la actualidad se enfrentan a un escenario con una "gran presencia" de pequeños grupos criminales que disputan la producción y contrabando de mariguana o drogas sintéticas, según datos de la corporación presentados en un encuentro de policías del país en noviembre.

Una pelea entre varias organizaciones por la montaña de Guerrero para el cultivo de amapola explica, en parte, que el estado sea por segundo año consecutivo el más violento del país con 2.114 expedientes en este 2017, ha dicho antes su gobierno.

Allí lo que está en juego es la goma de opio que se extrae de la flor para su contrabando hacia Estados Unidos, donde la demanda por opiáceos ha crecido.

Baja California Sur, un estado en el noroeste mexicano que era tranquilo, vive este año una ola de violencia que suma 499 casos de homicidio, una cifra 160 por ciento mayor con respecto a todo 2016.

Las autoridades han apuntado que criminales aliados con el cártel Jalisco Nueva Generación buscan quitar espacios de venta al cártel de Sinaloa en varias localidades, aprovechando rupturas por las que atraviesa esa organización tras la captura y extradición a Estados Unidos de su líder, el capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, en enero pasado.

"Estamos enfrentando, por supuesto, una situación inédita para nosotros en Baja California Sur", dijo a la prensa el gobernador del estado, Carlos Mendoza, el jueves pasado en el marco de un acto en la Ciudad de México.

El gobierno mexicano ha acentuado en el último año que estados y municipalidades tienen que fortalecer sus policías para que puedan enfrentar al crimen organizado y la inseguridad que genera, una tarea que ha recaído en soldados y marinos desde 2007.

Un diagnóstico de la Secretaría de Gobernación, también divulgado el viernes, expone que las policías de los estados en su conjunto tienen un déficit de casi 116.000 oficiales para que el estado de fuerza sea de 1,8 uniformados por cada 1.000 habitantes, que es el estándar mínimo internacional.

"¿Por qué estamos como estamos? Una respuesta es porque no hemos sabido construir Policías sólidas, Policías confiables; Ministerios Públicos sólidos, confiables", apuntó el comisionado Nacional de Seguridad.

Para el consultor independiente en seguridad, Ernesto López Portillo, México no ha logrado construir una política de seguridad sostenida en tres pilares: mayor prevención de delitos, reducción de la impunidad y más participación ciudadana que vigile las acciones.

El analista advirtió que no observa que las autoridades tengan diagnósticos profundos sobre las causas precisas que detonan la violencia en cada localidad.

"Crece la violencia o baja la violencia y no sabemos por qué ni una ni la otra. Eso es una falta de instrumentos técnicos de evaluación, es como si la pobreza subiera y bajara y no sabemos por qué", dijo a Xinhua.

Las muertes acumuladas de enero a noviembre de este 2017 superan en un 3 por ciento la incidencia de 22.409 casos de 2011, que era hasta ahora el año con más asesinatos en el país desde 1997.

Después de ese año, cuando la lucha contra el crimen organizado estaba en su punto más álgido, la tasa descendió casi 31 por ciento para 2014, lo que permitía a la actual administración tener optimismo en torno al problema.

"La violencia tiene que ser entendida como múltiple, no es solamente la violencia homicida. La violencia homicida es parte de la representación de un tejido social que está dándole paso a múltiples violencias en casa, en comunidades, en escuelas, donde cada vez más historias de vida se vinculan a la opción de la violencia", advirtió López Portillo.

Aunque las autoridades estiman que la cifra de asesinatos sea similar durante 2018, Arango, el consultor en seguridad pública, anticipó que será mayor.

"Espero ser un mal agorero y equivocarme pero pienso que el año que entra tendremos por lo menos un 25 por ciento de incremento en la violencia. Todos los datos nos llevan hacia allá" , lamentó.