Ciudad de México, México.

Aplicar la justicia transicional para la regulación del uso y consumo de marihuana y valorar las consecuencias negativas de una política prohibicionista son factores necesarios para la construcción de la paz en México, dijo este martes una experta.

Durante la ponencia "Justicia transicional y políticas de drogas; interacción pendiente", organizada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Nora Robledo, consultora en derechos humanos, destacó que es conveniente que el país aborde la discusión sobre el consumo lúdico y el uso medicinal de la cannabis.

"El prohibicionismo potencia la violación de los derechos humanos, que se refleja en que haya más de 200 mil muertos, 40 mil desaparecidos y 300 mil desplazados por el crimen organizado", aseguró.

Explicó que la justicia transicional implican una variedad de procesos judiciales y no judiciales, y mecanismos asociados con los intentos de la sociedad por resolver los problemas que se han derivado de un pasado de abusos graves y a gran escala.

Esto con el propósito de que los responsables rindan cuentas de sus actos, se haga justicia y al mismo tiempo se erija una reconciliación.

Explicó que, si bien el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el debate de la justicia transicional, esto fue muy atropellado pero al menos "abrió la puerta" a la interlocución entre los distintos implicados.

La experta aseveró que ahora es preciso plantear la reparación de daños de manera integral, no solamente como medida de resarcimiento, pues también se debe incluir el derecho a saber la verdad y garantizar la no repetición de este tipo de actos.

Margarita Sandra Garfias, integrante de la organización Mamá Cultiva, expuso que después de más de dos décadas de lucha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta al consumo lúdico y recreativo de la cannabis.

Sin embargo, recordó que los permisos otorgados solo permiten el cultivo, procesamiento y consumo para uso personal sin fines de comerciales.

Sobre el empleo de la cannabis medicinal, Garfias refirió que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha publicado el reglamento para operar el artículo 198 la Ley General de Salud.

Esta ley señala que la siembra de esa planta no será punible cuando se lleve a cabo con fines médicos y científicos, de acuerdo con los términos que fije el Ejecutivo Federal, y el 235 bis de la misma ley, que establece que la Secretaria de Salud deberá diseñar y ejecutar el uso público del psicotrópico.