Ciudad de México, México.

Las deportaciones desde Estados Unidos de una madre de familia y un joven estudiante vulneran la legislación, denunció este jueves la cancillería mexicana en un comunicado, asegurando que ninguno de ambos migrantes representa un riesgo de seguridad ni tiene antecedentes criminales.

La cancillería se refería a Maribel Trujillo, madre de cuatro menores estadounidenses detenida en Fairfield, Ohio, y a Juan Manuel Montes, arrestado en Calexico, California, pese a ser beneficiario de un decreto que impide la deportación de hijos de inmigrantes ilegales que llegaron a Estados Unidos siendo niños.

“Los casos de la Señora Trujillo y del joven Montes Bojórquez representan una violación a las normas expresas de deportación en aquel país”, subrayó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.

Según la prensa, Montes, de 23 años y deportado en febrero, es el primer beneficiario del decreto DACA -Deferred Action for Childhood Arrivals- expulsado de Estados Unidos, contraviniendo el propósito de esa norma, firmada en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama.

Al menos tres “dreamers”, como también se llama a los 750 mil protegidos por ese decreto, han sido detenidos desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca, en enero.

En los casos de Montes y Trujillo, “ninguno de los connacionales representaba un riesgo para la seguridad de la sociedad norteamericana y ninguno de ellos cuenta con antecedentes de carácter criminal”, subrayó la cancillería.

Por ello, el Gobierno de México evalúa la posibilidad de recurrir a la justicia “con el fin de hacer valer el Estado de Derecho”, agregó.

Trujillo llegó a Ciudad de México el miércoles y fue recibida por representantes de la autoridad migratoria y de cancillería, que continuará brindándole asistencia y apoyo a las acciones legales de sus familiares en Estados Unidos, precisó el comunicado.

Maribel Trujillo “es el sostén de su familia y desde 2002 ha trabajado y contribuido a su comunidad en Estados Unidos”, afirmó.

En el caso de Montes, el consulado mexicano en Calexico pidió que la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidenses “realicen una investigación exhaustiva” para determinar si su deportación se apegó a las normas vigentes y al acuerdo de repatriación firmado entre ambos países, según la misma fuente.

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