Guadalajara, Jalisco.

El consumo de alimentos de algunos magistrados en 2018 fue pagado por el erario bajo el rubro de “apoyo de alimentos”.

De acuerdo a las pólizas de cheques publicadas de enero a octubre de 2018 en la página de transparencia del Supremo Tribunal de Justicia, las facturas por “apoyo de alimentos” van desde los 314 pesos hasta los 23 mil 537 pesos. Esto mientras que cobraban mensualmente 188 mil 473 pesos brutos.

Es decir, hubo una comida facturada que representó el 12% del sueldo mensual de un magistrado.

La revisión de las pólizas arroja que el magistrado que más apoyo pidió por consumo de alimentos es Guillermo Valdez Ángulo, quien gastó 51 mil 628 pesos por este concepto de enero a octubre del 2018.

El magistrado que después de Valdez Ángulo solicitó más el apoyo de pago de alimentos fue Roberto Rodríguez Preciado, quien hizo la petición en 18 ocasiones durante los 10 meses, en suma gastó 49 mil 654 pesos en consumo de alimentos y mil 800 más en adquisición de libros.

Le sigue el magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez quien erogó un cheque por 23 mil 537 pesos por consumo de alimentos. Pero en suma fueron 49 mil 400 pesos los que gastó por este concepto.

Otro más que solicitó reembolso por el pago de alimentos fue el magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, quien gastó 15 mil 778 pesos en alimentos, y ese mismo día también solicitó se le reembolsara la compra de libros por 6 mil 471 pesos.

Aquí el desglose de las pólizas de cheques emitidos y publicados por gasto de apoyo de alimentos o reembolso en pago de alimentos de los magistrados:

 

Solicitan pago de libros

El pago de alimentos no es el único que Los magistrados cargan al erario, al parecer también la adquisición de libros.

De acuerdo a las pólizas de cheques emitidas, este rubro también es bastante solicitado, al menos de enero a octubre del 2018, 10 de los 31 magistrados vigentes solicitaron apoyo para la compra de libros.

El magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, es quien más solicitó el reembolso de este gasto que realizó por 11 mil 788 pesos, seguido del magistrado Felipe Sánchez Montes de Oca.

Por su parte, el magistrado de la cuarta sala, Luis Enrique Villanueva Gómez hizo un cargo por 5 mil 397 pesos, mientras que el magistrado Armando Ramírez Rizo solicitó apoyo por 3 mil 403 pesos en la compra de libros.

Quienes más solicitaron este “apoyo” fueron el magistrado Celso Rodríguez González por 2 mil 762 pesos; Marcelo Romero G. de Quevedo por 2 mil 200 pesos; Roberto Rodríguez Preciado por mil 800 pesos; Espartaco Cedeño Muñoz por mil 610 pesos y Tomás Aguilar Robles por mil 500 pesos.

Los magistrados que no cobraron por estos conceptos

Entre los magistrados que respetan la austeridad del Poder Judicial se encuentran; Lucía Padilla Hernández, Ramón Soltero Guzmán, Oscar Carlos Trejo Herrera, Jorge Mario Rojas Guardado, Manuel Higinio Ramiro Ramos, Luis Ernesto Camacho Hernández y Sabas Ugarte Parra.

Los magistrados Daniel Espinosa Licón y Consuelo del Rosario González Jiménez no entran en este análisis, toda vez que fueron nombrados en octubre del 2018, y la información de transparencia sólo se aparece hasta el mes de octubre del año anterior.

Apenas el 10 de abril el Congreso del Estado, autorizó un incremento de 35 millones más el presupuesto del Supremo Tribunal de Justicia. El diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Rodríguez Jiménez afirmó que el Poder Judicial cumplió con la aplicación de medidas de austeridad, por lo que determinaron aumentarles el recurso que ejercerán.

A través de la Oficina de Comunicación Social del Supremo Tribunal de Justicia, se reconoció la cantidad gastada en consumo por alimentos por parte de los magistrados, así mismo, se manifestó que también este tipo de apoyos se ha dado a personal de base.

También se informó que en años anteriores no se tenían medidas de austeridad. No obstante, aseguraron que este año se realizó un ejercicio de ahorro a partir del 1 de enero que incluye

• Eliminar la partida presupuestal para el subsidio al impuesto sobre la renta pagada por el patrón, que generará un ahorro por 60 millones de pesos.
• La reducción del 25% de las percepciones netas de los magistrados
• La reducción de entre el 5 al 17% para los funcionarios de las distintas áreas administrativas.
• La eliminación al 100% de gastos de telefonía celular para todos los funcionarios.
• La reducción del 35% de gastos por concepto de viáticos, representación y eventos oficiales.
• La reducción de la plantilla laboral eliminada la plaza del secretario relator y un auxiliar por ponencia de magistrado.