Guadalajara, Jalisco.

La reformulación de las instituciones de Jalisco para bajar el índice de impunidad, que alcanza el 99.66% de los delitos y promover las reformas necesarias para que se aplique la prisión oficiosa a quien porte armas, son las principales propuestas que la Asociación SOS Jalisco hace al gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez.

El presidente de esta organización, Anuar García señaló que buscan que cambien de rol las víctimas en un sistema adversarial acusatorio, que las tiene olvidadas.

"El sistema actual es un sistema acusatorio, es demasiado garantista y si das un paso sin haber cubierto las garantías del inculpado, desgraciadamente por el debido proceso se va a caer, les falta mucho personal, les falta mucha capacitación, cualquier error que cometan ellos en virtud del debido proceso, como copiamos al Sistema anglosajón, donde cualquier error hace que se presuma la inocencia y se cae el asunto, si no se da esta reorganización de fiscalía, que es el cuello de botella real del Sistema de Justicia en Jalisco, las víctimas van a seguir sufriendo la impunidad".

La reorganización de la Fiscalía General del Estado implica separar las policías de la procuración de justicia y resolver el 60% de los asuntos por métodos alternos, como realmente se debió hacer con el nuevo sistema de justicia penal y el actual gobierno no lo hizo, expuso Anuar García.

"Hasta hace cinco meses, ¿saben cúantos asuntos le habían pasado a Fiscalía central para que resolvieran? Ninguno, lo que estaban haciendo era llenarse de carpetas de investigación y se prestaba para muchos actos de corrupción, una de las principales estrategias de seguridad de Enrique Alfaro es pasar al menos el 60% de las carpetas de investigación para que se resuelvan ante el Instituto de Justicia Alternativa".

La otra propuesta que promueve SOS, organización fundada a nivel nacional por el empresario, Alejandro Martí, es la prisión oficiosa para quien porte armas.

Actualmente una persona que traiga consigo armas de alto calibre puede acceder a cualquier medida cautelar y la más común es la libertad bajo una fianza de cinco mil pesos, por lo que ha habido casos de presuntos delincuentes que siguen en las calles con 18 procesos abiertos al mismo tiempo.