Por Luz Atilano

En medio de un discurso de millonarias inversiones en materia de obra pública, de seguridad y de cercanía con las personas, la Administración 2015-2018, presidida por Juan Alberto Márquez de Anda, parece pretender que se olvide un suceso que por demás razones ensombrece el actuar de varias dependencias municipales durante 2017.

Y es que, aunque este año los hechos hablaron por sí solos y demostraron la poca eficiencia de las obras realizadas tanto en zona urbana como en zona rural, y se evidenció además la poca calidad de servicios como los de aseo público, alumbrado y agua potable, nada es comparable con el enorme tropiezo que significó para la autoridad municipal, una violación de los derechos humanos.

Nos referimos al caso de Joel Isidro Salas Armendáriz, quien falleció bajo custodia de Policía Municipal el pasado 25 de mayo luego de un supuesto intento de suicidio en una de las torres del templo de El Refugio. Asunto sobre el que, transcurridos ya poco más de siete meses, continúan sin emitir palabra alguna no sólo las autoridades municipales, sino además las estatales: Fiscalía General del Estado, Región Altos Norte, quien abrió una carpeta de investigación, no ha dado cuenta de una resolución, mientras que la queja que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco tampoco ha arrojado un resultado contundente.

Consideramos de suma relevancia recordar algunas conclusiones a las que hemos llegado desde este espacio informativo, todas referentes a negligencias y omisiones:

• Fue una maniobra equivocada retener a Joel en los separos cuando debió ser atendido de inmediato por personal médico y posteriormente trasladado hasta un sitio posiblemente fuera de Lagos de Moreno, en el que se le diera atención especializada.
• Las autoridades municipales pasan por encima de los protocolos de actuación, o bien ni siquiera tienen conocimiento de los mismos. No están preparadas para enfrentar este tipo de crisis.
• Por otro lado, es evidente que de varias formas se violaron sus derechos humanos.

Francisco Macías Medina, especialista en materia de Derechos Humanos y ex integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), las corrobora:

«Aquí lo que encontramos es una cadena de omisiones de la corporación policial para poder encuadrar el caso en un asunto de salud, que deriva en una deficiente intervención de manejo de la custodia de la persona con un grave riesgo a su integridad física que yo bajo mi punto de vista catalogaría como un trato cruel, inhumano y degradante, y en los casos de salud mental, las únicas personas que tienen la posibilidad de garantizar derechos, siempre y cuando la persona esté en riesgo su propia integridad o la integridad de terceros, es la autoridad de salud, es decir, un personal médico calificado que en este caso debió de haber sido un médico psiquiatra competente».

Esta violación a los derechos humanos también implica la negación de información tanto a los familiares directos del joven, como —de forma prudente y como un ejercicio de rendición de cuentas— a la sociedad en general, pues se trata de un caso ocurrido en el interior de un edificio gubernamental y bajo el resguardo de servidores públicos. Hacer pública la información sobre el caso ofrecería un precedente que en materia de Derechos Humanos y tendría que garantizar que no se vuelva a incurrir en estas fallas.

«En el caso de la autoridad, debe deslindar la responsabilidad y en este caso ofrecer una reparación, que en este caso es irreparable la pérdida de la vida, pero ofrecer una reparación para la familia y una aceptación de la responsabilidad pública que posibilite redignificar la situación que se dio y sobre todo, una muy importante, que sería la parte de ofrecer garantías de no repetición, cuando digo esto es que el hecho, que en sí mismo es irreversible, sirva o sea útil para evitar que esto vuelva a pasar en otro momento».

En definitiva, el silencio no es opción en un caso de violación de derechos humanos, y una violación a los derechos humanos, por supuesto que es motivo de acción, revisión y reestructuración de la autoridad pública. El respeto a los derechos humanos se ejerce con acciones reales y no sólo con discursos en eventos conmemorativos sobre el tema.