El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), que para 2015 cuenta con un presupuesto de 49 millones de pesos, dejó de operar, aún cuando faltan cuatro meses para que termine el año.

Además de suspender los cursos básicos de capacitación para el trabajo, se inició con el despido de unos 70 empleados, a quienes se les pidió su renuncia; los trabajadores afirmaron que les notificaron que no hay dinero ni para los salarios de muchos de ellos.

El IDEFT es uno de los 136 organismos públicos descentralizados que tiene el gobierno de Jalisco y donde se planteó un recorte, que nunca llegó.

El 27 de octubre del 2013 la Contraloría del Estado informó al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval que con el IDEFT junto con el Capece, el CODE, Instituto de Pensiones del Estado y DIF Jalisco, se advertía un riesgo de daño patrimonial por  dos mil 373 millones de pesos, otro en obras por 656 millones 581 mil pesos y un tercero por mil 373 millones de pesos, sin embargo nunca se informó sobre alguna resolución. 

En cambio, se nombró a Susana Sánchez Pérez como titular del IDEFT, que en año y medio ejerció más de 110 millones de pesos, incluidos los 70 millones que tuvo de presupuesto en el 2014. 

Ella dejó la dependencia en el pasado mes de abril para irse de candidata a diputada por el distrito 6 en Zapopan, lo cual no obtuvo. 

Cumplió con la advertencia de Aristóteles Sandoval, de que quien salía a competir, ya no volvía, pero en cambio dejó a sus cuñados al frente de la dependencia; a Fernando Reyes García y Juan Carlos Reyes García, como director y director del área técnica administrativa, respectivamente. 

Empleados del IDEFT aseguraron que en el último año se contrató entre 50 y 70 personas, entre los que se encontraban hijos, primos, nueras, sobrinos, comadres, cuñadas y otros seguidores muy cercanos a Susana Sánchez. Dicha cifra coincide con los que ahora pretenden despedir.

Ante estas acciones se han generado dos denuncias: una de ellas presentada ante Francisco Ayón, secretario de Educación y otra más, apenas en mayo pasado, ante la Dirección de Quejas y Denuncias de la Contraloría del Estado, donde también se hace constar malos tratos hacia los trabajadores, hostigamiento, violación a la ley federal del trabajo, entre otros sucesos.

En 2014 el monto de 70 millones solo alcanzó para 51 semanas del año, esta vez 49 millones se consumieron en los primeros ocho meses.

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