Tiene que ser el propio gobernador Aristóteles Sandoval, quien ordene una investigación y aplique sanciones a los servidores públicos o a la empresa concesionaria Solupat, ante los procesos inconclusos del Registro Estatal de Transporte Público y el Registro de Concesiones de Taxis, advirtió el coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, Alberto Galarza Villaseñor.

Según Galarza, además del pago de cuatro mil y seis mil pesos que debieron aportar los dueños de camiones y de taxis, respectivamente, el gobierno estatal gastó 60 millones de pesos para contar con un registro confiable de quienes son los dueños de camiones y de autos de alquiler.

El Registro de Transporte Público y el Registro de Taxis debieron quedar listos desde el año pasado. Sin embargo, la semana anterior, el titular de la Secretaría de Movilidad (Semov), Servando Sepúlveda, dijo que en el caso de los taxis, se empezará desde cero.

Para Alberto Galarza, esto es inadmisible, ya que esa información es importante y básica para dar los pasos siguientes para reordenar el sistema de transporte en la ciudad.

El caso lo debe indagar la contraloría estatal o el despacho del gobernador.

La cancelación del Registro de Taxis la hizo la Subsecretaría de Administración, pero nunca se dijo si hubo fallas en el trabajo que hizo la empresa Solupat y si se aplicó alguna sanción, por algún incumplimiento.

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