Ante la postura insulsa que asume la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) en temas como los casos de tortura cometidos por cuerpos policiacos, ese organismo debe refundarse, de lo contrario seguirá estancado, como ocurre desde hace 10 años, tras las gestiones de Carlos Manuel Barba y Felipe Álvarez Cibrián, consideró el abogado Óscar González Gari, presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos.

Varias organizaciones sociales ya se organizan para hacer un frente común para “ciudadanizar” el Consejo de la CEDHJ, compuesto por ocho ciudadanos, que actualmente casi todos están de adorno, señaló González Gari.

El presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos formó parte del primer Consejo Ciudadano de la CEDHJ en 1993 y en su momento enfrentó conflictos con quien era el presidente, Carlos Hidalgo Riestra, sobre el motín de presos en el Penal de Puente Grande, en 1995, donde hubo 10 muertos y 60 lesionados y la apertura de oficinas en las regiones del estado.

En enero de 2017, el Congreso del Estado debe renovar a cuatro de los ocho consejeros y desde ahora la Red Jalisciense de Derechos Humanos pide a la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Refugio Ruiz Moreno, que se excuse del tema, ya que ella es cercana al actual presidente Felipe Álvarez Cibrián.

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