“Justicia… justicia sería que mi hijo Ricardo de Jesús Esparza Villegas estuviera esta tarde conmigo” dijo su mamá en medio del dolor irreversible de ver morir a un hijo.  Hoy hace un año a Ricardo de Jesús Esparza Villegas -estudiante del noveno semestre de la licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica en el Centro Universitario de los Lagos (CULagos)- le arrebataron la vida, su cuerpo fue encontrado en el callejón Peña Grande dentro del terreno marcado con el número 28 en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, después de que policías estatales le detuvieran de manera arbitraria.

Todo sucedió el fin de semana del 18 y 19 de octubre de 2014 dentro de la coyuntura del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, cuando Ricardo junto con varios estudiantes del CULagos, salieron en una excursión con destino a este festival cultural.

Horas más tarde, después de su llegada a la ciudad mientras él y dos de sus amigos descansaban en una fuente en la Plaza del Ropero, un par de policías estatales (así lo corroboraría la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato) llegaron al lugar y los detuvieron para hacer “una revisión de rutina”. Ricardo que había ido al baño no se percató de ello hasta que regresó y vio lo que le sucedía a sus amigos, él optó por retirarse del lugar sin generar conflictos, sin embargo, su único error fue decir al aire “mejor vámonos, ya se van a poner perros”, así lo relataron los testigos. Acto seguido los elementos de seguridad estatal lo tomaron del cuello sometiéndolo y llevándoselo al callejón que está a un costado del estacionamiento del Hinojo, sin permitir que sus amigos pudieran llegar a él. Ahí fue la última vez que se le vio con vida.

Las declaraciones oficiales aseveran que Ricardo había orinado en vía pública y que por esa razón se lo llevaron; explicaron que “para que pidiera disculpas” a los dueños de la casa. No obstante, una persona que se encontraba en el sitio, declaró que había sido testigo de cómo los policías le estaban extorsionando en el callejón, e incluso, aseguró que pudo ver que Ricardo había hecho una llamada telefónica desde su celular pidiéndole a “alguien” dinero.

A un año las preguntas son las misma: quién lo llevó al lugar donde fue encontrado sin vida, dónde están los responsables y cuál fue la verdadera causa de su muerte. Porque aunque las instancias forenses guanajuatenses y jaliscienses han coincidido en que la causa de su fallecimiento fue traumatismo craneoencefálico y obstrucción de las vías respiratorias, la realidad para la familia es que hay varias irregularidades.

En ese sentido, tras la exhumación y la segunda necropsia realizada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), se logró identificar que por lo menos 30 puntos fueron omitidos o descartados de la primera autopsia realizada en Guanajuato, que va desde rasguños en las muñecas de Ricardo hasta golpes en sus costillas, en la entrepierna, una fractura en su nariz y marcas de sangre en su ropa.

Así mismo, otro tema que ha quedado pendiente y que ha demostrado para la familia la simulación y el ejercicio ficticio de lo que a un año es la “verdad” oficial, son los tres vídeos que el gobierno guanajuatense prometió que esclarecerían los trayectos de Ricardo en la ciudad de Guanajuato entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de octubre, no obstante la respuesta fue que se debió a una ejecución extrajudicial. Así lo denunció el “Reporte de Prácticas en Derechos Humanos en 2014″ del Departamento de Estado de Estados Unidos que además de nombrar los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa enunció la muerte de Ricardo de Jesús Esparza Villegas.

De acuerdo con el Informe de actividades enero-diciembre 2014 de la Procuraduría de Derechos Humanos en Guanajuato, hubo 156 quejas por detenciones arbitrarias en el estado durante 2014, mientras que en el 2013 se presentaron 164, es decir apenas una disminución del 4.88 por ciento en dos años.

Por su parte, la Procuraduría de Derechos Humanos en Guanajuato mantuvo el caso de Ricardo hasta junio de 2015 bajo el expediente 273/14 A, para posteriormente turnarlo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). De ello sólo se desprende que quienes le detuvieron en el primer momento fueron dos policías que portaban las siglas en su uniforme: FSPE (Fuerzas de Seguridad Pública del Estado) y que por ende fueron agentes estatales.

La CNDH se negó a compartir información sobre el caso bajo el argumento que era un expediente particular.

Para la madre de Ricardo el espíritu de su hijo y su recuerdo sigue vivo y aunque el dolor pesa, las fuerzas le alcanzan para exigir justicia a su asesinato.

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