El gravar con el 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) los alimentos preparados es parte de la política recaudatoria del gobierno de Enrique Peña Nieto, que no retorna en beneficios para la sociedad y que ha sido en perjuicio de la industria.

La Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco (CIAJ) presagia que esta nueva medida impactará entre sus agremiados, que son proveedores de las empresas que preparan sándwiches, tortas, burritos, baguettes, gorditas, quesadillas, tacos, croissants, pizzas, guisos, hot dogs o banderillas, y que comercializan sus productos en tiendas de conveniencia y minisupers o en las fuentes de sodas de tiendas de autoservicio.

El presidente de la CIAJ, Ignacio Pérez Morett aclaró que el problema es que se suma al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que ya se cobra en alimentos de alta densidad calórica y que le pegó a negocios como panificadoras y fabricantes de frituras.

El académico del departamento de Finanzas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), José Enrique López Amescua, advirtió que este gravamen le pega al consumo; su fin es que pague más impuestos quien más tiene, pero a la vez hace que las personas con menos recursos no  accedan a estos alimentos.

López Amescua señaló que este tipo de políticas deben ir acompañadas de verdaderos programas asistenciales, que garanticen la alimentación de toda la población en situación de vulnerabilidad y que no está planteado así.

El IVA del 16 por ciento en alimentos preparados entrará en vigor el 1 de julio.

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