El dictamen que hoy está en suspenso en la Cámara de Diputados para dar vida a la Nueva Ley General del Agua, restringe el derecho al agua a 50 litros por persona de manera prorrateada, es decir, con tandeos. Así lo establece el artículo 10 y 49 del dictamen, que fue analizado por Miguel Ángel Montoya, asesor parlamentario que hoy trabaja para colectivos ciudadanos que piden desechar ese dictamen.

La mañana de este jueves diferentes organizaciones sociales como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el colectivo Tómala Ciudad, Ciudad para Todos, Colectivo de Abogados y la agrupación Salvemos Temaca, se hicieron acompañar de académicos de la Universidad de Guadalajara, el Iteso y la Univa para pedir a los legisladores nacionales que archiven el dictamen que contiene una ley que “profundiza y agrava el proceso de privatización del agua”, comentó María González.

Pablo Montaño, de Ciudad para Todos, comentó que este dictamen prioriza el agua como una mercancía o un medio para obtener mejores ganancias en los procesos productivos. Sin embargo, no existe una idea clara del derecho humano a este líquido.

José Luis López Parra, académico de la Univa, lamentó que esta ley fuera creada para legitimar el proceso de fracking, como se le conoce al proceso de fracturación hidráulica del subsuelo en la búsqueda de gas shale. Este tipo de proceso ha sido condenado y prohibido en América del Norte y Europa porque los niveles de contaminación que arrojan pueden pulverizar ecosistemas enteros.

Algunas de las consideraciones que tiene la nueva ley son que: restringe el derecho humano al agua al dejarlo en 50 litros y permite a particulares, trasvases directos que ocasionarán concesiones de megaproyectos hidráulicos. El articulo 142 permite la contaminación de ríos “siempre que no rebasen la capacidad de asimilación”. Además se permite el uso de la fuerza pública para ejecutar obras de Conagua y ocasionaría la permisividad del despojo de comunidades que se opongan a hidroeléctricas, según los artículos 126, 127, 129.

Los académicos también se oponen porque la ley prohíbe la investigación científica del agua y sólo permite que la Comisión Nacional del Agua asuma la responsabilidad de la planeación, ejecución, supervisión y evaluación de las políticas públicas en el sector hidráulico, lo que contrapone la gobernanza y el proceso democrático que estipulan las leyes.

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