A un año de la muerte de ‘Richard’ como le nombraban aquellos que lo quieren aún en la distancia, el caso se mantiene pendiente para sus familiares.

Durante los primeros momentos, cuando se pensó que habían sido policías municipales los que se lo habían llevado, las autoridades guanajuatenses emitieron distintas declaraciones que presumían un dejo de justicia y apoyo a la familia para el esclarecimiento de la muerte de Ricardo Esparza, pero que de apoco se esfumarían, tales como las del ahora expresidente municipal de Guanajuato, Luis Fernando Gutiérrez Márquez quien aseguraría que todo estaba en manos del Ministerio Público y que buscarían el esclarecimiento del caso. 

Comenzaría también el deslinde de responsabilidades, pues durante la primera rueda de prensa en Guanajuato el 21 de octubre de 2014 sería también el alcalde Gutiérrez Márquez quien desvincularía a sus cuerpos de seguridad, al advertir que no existía reporte de que elementos de la Policía Preventiva hubiesen detenido a Ricardo, según se precisó “en base a una investigación que realizó la Dirección General de Seguridad Ciudadana”.

En su momento se intentó argumentar la causa de su muerte con base en que había sido una “caída” ya que se encontraba realizando “parkour”. Esa ocasión era la primera vez que Ricardo visitaba Guanajuato.

Días después, grupos estudiantiles de la Universidad de Guanajuato y de la  Universidad de Guadalajara (UdeG) realizaron una manifestación para exigir al gobierno guanajuatense justicia y el esclarecimiento de la muerte de Ricardo. Aquel día, José Alberto Galarza presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y Mauricio Piñón Maldonado, representante de estudiantes del Centro Universitario de los Lagos (CULagos) entablaron un diálogo con el subprocurador de Justicia, Rene Urrutia De la Vega y el secretario de gobierno, Antonio Salvador García, quienes ante la exigencia de la comunidad universitaria hablaron de la probable “incorporación de una comisión de investigación en el estado de Guanajuato”, esto si los familiares de Ricardo y sus representantes legales no confiaban en el trabajo de transparencia y procuración de justicia.

Se pidió la localización de los testigos en el incidente para obtener su declaración. A pesar de ello sólo tres lo han hecho, y de acuerdo con la familia todas las versiones parecen ser el espejo de una sola versión oficial, las cuales presentan inconsistencias.

Posterior a estas acciones a cargo de la FEU, se propuso crear una “Coordinación de Acompañamiento a Víctimas” donde se planeaba integrar el caso de Ricardo. Se crearía también una comisión integrada por el abogado general de la UdeG, y autoridades universitarias, luego de que el rector general de la Universidad, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla dijo que “esta Casa de Estudio quiere conocer, de manera directa, las pruebas periciales que ellos (la Procuraduría de Guanajuato) han presentado, con el propósito de que la comunidad universitaria esté informada de lo que ocurrió” (27 de octubre 2014).

Sobre la comisión no se han presentado mayores avances, pues el abogado general de la Universidad de Guadalajara, Francisco Javier Peña Razo declaró que a un año de la muerte de Ricardo, la investigación está cerrada debido a que tanto las necropsias realizadas en Guanajuato como en Jalisco determinaron y coincidieron en que la causa del deceso había sido traumatismo craneoencefálico y obstrucción de las vías respiratorias. Sin embargo, opuesto al dicho de esta autoridad, para la familia, la investigación sigue abierta mientras no se esclarezca cómo es que Ricardo llegó a ese patio después de que los policías lo detuvieron; porqué le arrebataron la vida y  quiénes son los responsables.

En lo que concierne al papel desempeñado por el gobierno de Jalisco y por el abogado que fue designado por el gobernador Aristóteles Sandoval, éste ha sido de enlace entre las entidades.

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