Diversos organismos sociales presentaron una denuncia ante la Contraloría del Estado en contra del gobernador Aristóteles Sandoval y los secretarios de Planeación y Finanzas y de Gobierno, Héctor Pérez Partida y Roberto López Lara, por violar la Ley de Austeridad y Ahorro, al haber pagado a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), cerca de 30 millones de pesos, para elaborar un estudio de balance hídrico en la cuenca del Río Verde, informó el abogado Alejandro López Aguayo, apoderado legal del Foro Ganadero de Jalisco.

En total, el gobierno de Jalisco firmó un contrato con la UNOPS por 72 millones de pesos, para realizar estudios que ya existen y que violan el tope de 35 millones de pesos para hacer asignación directa de contratos de servicios, explicó el abogado Alejandro López.

La denuncia la interpusieron además el Parlamento de Colonias, la Fundación Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, el Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Conredes) y la asociación Silvicultores de los Altos, quienes sostienen que el gobierno de Jalisco buscó a la UNOPS para que le “limpie” el camino y dé su aval para utilizar la Presa El Zapotillo para enviar agua de la región de Los Altos a la ciudad de León, Guanajuato.

El representante de la Fundación Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, Manuel Villagómez, dijo que la UNOPS promueve el desacato de mandatos judiciales al querer que se llene la Presa El Zapotillo, con agua del Río Verde, cuando ese tema ha sido impugnado por el Comité Salvemos Temaca y otras organizaciones.

Las organizaciones que denuncian la violación de la Ley de Austeridad, pidieron al gobernador que dé una explicación de los pagos hechos a los consultores de la UNOPS y advirtieron que el caso ya se turnó al Congreso del Estado, a la Secretaría de la Función Pública y a las oficinas de la UNOPS, en Panamá y en Dinamarca.

 

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