Controversia presa El Zapotillo
Fotografía: Cortesía
Guadalajara, Jalisco.

El Congreso del Estado de Jalisco aprobó el pasado 24 de mayo, por 36 votos a favor y una abstención, entablar controversia constitucional contra el acuerdo de coordinación celebrado entre el gobierno federal y los estados de Jalisco y Guanajuato, el 1 de septiembre de 2005, para establecer un “programa especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de propiedad nacional de la cuenca del río Verde”.

Al presidente del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, le brinca esta “sospechosa unanimidad”, cuando el PRI se había opuesto a cualquier impugnación en los años previos. El recelo crece porque el PRI, a través de sus voceros, señala la necesidad de respetar los decretos de 1995 y 1997, que son el origen del problema, añade.

Estas circunstancias obligan al observatorio, y en general, a las organizaciones sociales que luchan por Temacapulín y por preservar el agua para Los Altos de Jalisco, a cuidar que la controversia se plantee en los términos adecuados para que no lleve a un descarte por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque eso generaría abrir la puerta al temido nuevo convenio que legitimaría el trasvase.

El documento cuestionado por la controversia, el convenio para hacer la presa El Zapotillo a 80 metros, fue firmado en el tiempo en que Francisco Ramírez Acuña ejercía el gobierno de Jalisco. La controversia se justifica porque el artículo 35 de la Constitución política del estado de Jalisco establece como facultades del Congreso “II. Facultar al Ejecutivo con las limitaciones que crea necesarias para que por sí o por apoderado especial represente a la entidad en aquellos casos en que la ley requiera, autorizar los convenios que celebre el Ejecutivo, cuando su vigencia trascienda al término del ejercicio para el que fue electo el gobernador […] XI. Autorizar al titular del poder Ejecutivo para que celebren actos jurídicos que trasciendan el ejercicio de su administración o representen enajenaciones de su respectivo patrimonio en los términos de que disponga la ley…”

Dicho acuerdo “fue celebrado por tiempo indefinido y tiene como objetivo alterar la distribución de volúmenes de agua que el Ejecutivo Federal había autorizado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 1995 y es inconcuso que se enajenan los derechos patrimoniales del estado y además, se ha comprometido a las próximas administraciones del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco a asumir responsabilidades que no fueron avaladas ni mucho menos autorizadas por este Honorable Congreso del Estado de Jalisco”.

Los diputados concluyen que el gobierno de Ramírez Acuña y sus subordinados “actuaron en perjuicio a los intereses del patrimonio y del bien público de Jalisco, en un acto arbitrariamente unilateral, motu proprio, omitiendo la previa autorización de parte del Congreso”

Agustin del Castillo

Agustin del Castillo

Reportero en Canal 44
Reportero por 28 años egresado de Ciencias de la Comunicación en los diarios Siglo 21, Público,Milenio Jalisco (actualmente);colaborador en Radio Metrópoli y en Canal 44 de UdeG (actualmente)
Agustin del Castillo

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