Movimiento Ciudadano (MC) obtuvo un acuerdo legislativo para solicitar al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval que elabore y celebre un nuevo Convenio de Colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sobre la repartición superficial de aguas en el Río Verde. Fue el diputado Ismael del Toro quien desde semanas atrás colocó el tema en la agenda del Congreso del Estado a partir de que el abastecimiento de agua para la zona metropolitana de Guadalajara no está garantizado, lo que resulta para el Colectivo de Abogados que llevan la defensa del territorio y los derechos de la comunidad de Temacapulín, algo cierto, pero una delicada apuesta que puede abrir el escenario político en contra de la sobrevivencia de la comunidad alteña que lleva 10 años peleando jurídica y políticamente para evitar su inundación.

“Puede pasar que se haga un convenio nuevo pero el margen queda muy amplio. Guanajuato lo va a impugnar porque no se va a dejar y es que ellos tienen el decreto de 1995 y 1997 de cierta cantidad para León, Guanajuato. Entonces tumbas el convenio pero queda el decreto, vamos a entrar a una disputa entre Guanajuato, zona metropolitana de Guadalajara y los Altos y ahí quien la lleva de perder es Temacapulín porque no está representado”, explicó el abogado de la Comunidad de Temacapulín, Guadalupe Espinoza.

Cuando el abogado sostuvo que no está representado Temacapulín, se refiere a que el Colectivo de Abogados ni la comunidad han sido informados de la estrategia legal de Movimiento Ciudadano sobre el acuerdo promovido que busca otra inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que garantice agua para Guadalajara. Guadalupe Espinoza no desecha que la acción promovida en el Congreso de Jalisco sea de cara a 2018 para que el desabasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara parezca un problema resuelto o que se busca resolver.   

La controversia constitucional 93/2012 de la Corte garantiza la altura de la cortina de la presa El Zapotillo sobre el río a 80 metros y no a 105, por lo que no se inunda a Temacapulín, pero no dejó sin efectos el convenio de 2005 aprobado por el panista Francisco Ramírez Acuña, ni los decretos presidenciales sobre quién se lleva el agua, de los 372 millones 139 mil metros cúbicos que originalmente tenía Jalisco sigue vigente que la Comisión Nacional del Agua reparta a discreción el agua del Río Verde y la zona metropolitana quedó fuera.

El Colectivo de Abogados es consciente que el gobierno de Guanajuato tiene margen legal y político para defenderse, lo que sumado a la postura del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval de pagar un estudio técnico a la UNOPS por 4.6 millones de dólares para demostrar la viabilidad de la presa, no deja en la mejor posición a Temacapulin dentro del conflicto socio-ambiental.

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