Hace cinco años una población que no rebasa los 600 habitantes, Temacapulín, determinó entrada la madrugada del 28 de marzo, detener el fantasma que los asechaba con desaparecer e inundar: la construcción de la Presa Zapotillo sobre el Río Verde.

Solo dos reporteros de Guadalajara fuimos convocados con sumo sigilo horas antes, para ser testigos del evento radical que marcó la pauta para que el pequeño e ignorado pueblo de la región Altos Norte de Jalisco, sentara al gobierno federal a resolver un conflicto que, pasados los años, sigue inconcluso.

De manera pacífica, una docena de automóviles y camionetas cargados de mujeres, ollas, niños, señores, casas de campaña, agua, cobijas, colchonetas y jóvenes del pueblo, llegaron hasta la zona de construcción a levantar la pluma de seguridad para dar paso a lo ya decidido: parar máquinas, sacar trocas, cargas de volteo, detener la cementera y pedirle tranquilamente a ingenieros y encargados de obra -más de 80 personas-, que se retiraran porque Temacapulín hacía cumplir los resolutivos del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado derivados del amparo 2245/2008 resuelto a favor de Consuelo Carvajal y Luis Villegas, en febrero de 2011.

Hace cinco años las autoridades de la Comisión Estatal del Agua (CEA) a cargo de César Coll Carabias -quien fue detenido en 2015 por desvío de recursos y aprovechamiento indebido de atribuciones- y el entonces gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, literalmente, tenían vetado el tema de la oposición a la Presa el Zapotillo, no había interlocución y los actos de violencia como violaciones a los derechos humanos a la comunidad, sus asesores y hasta periodistas, estaban probados e impunes.

En ese entonces, la construcción de la presa se encontraba a 25 por ciento de avance y rebasaba el presupuesto original de seis mil millones de pesos.

Al tercer día de cubrir la acción, nos levantamos antes de las 7:00 de la mañana a reportar en vivo para el noticiero, que los pobladores de Zapotillo -el primer pueblo afectado y devastado por la construcción de la obra-, había decidido unirse también en inconformidad.

Fue fugaz el bloqueo que impedía el paso de trabajadores y maquinaria. Estaban hartos de sus casas llenas de polvo, de la falta de agua, de vivir con pequeños sismos todos los días por la dinamita y la llegada de personas ajenas a sus calles y tiendas que descomponían la tranquilidad de Zapotillo.

Lo que irritó a quienes paralizaron la construcción de la represa licitada a FCC de España y sus aliados comerciales en México, La Peninsular y Aqualia entre otros, fue la llegada de Javier Lechuga, el provocador de nómina en la Secretaría General de Gobierno de Jalisco en supuesta búsqueda de diálogo que ni el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) lo hizo entrar en razón.

El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, organizó cocinas en tres puntos de toda la zona bloqueada y tiraderos para dormir en el reseco frío de marzo; obtuvo amparos contra posibles órdenes de aprehensión al asegurar la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que iniciaría acciones penales contra quienes desalojaron a los trabajadores por pérdidas millonarias.

Cuando se entendió que el diálogo no sería con el panista Emilio González Márquez, se armó una comitiva de interlocución.

Entonces la Secretaría de Gobernación (Segob) entabló comunicación directa con la comunidad y hasta el punto de conflicto llegó Rocío Morgan –hoy investigadora integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) Jalisco- quien entonces era delegada de Segob en el estado.

Su rudeza e interlocución tajante fue ablandándose al comprobar que Temacapulín estaba decidida a no desbloquear la obra.

El 3 de abril de 2011 se anunció el inicio de una serie de mesas de diálogo para resolver el conflicto socio-ambiental y con ello, la retirada de Temaca bajo la condición de que la obra debía permanecer, conforme a lo resuelto por el poder judicial, suspendida.

El resultado fue ampliamente conocido: la presa siguió construyéndose. Salieron algunos acuerdos, más de veinte académicos presentaron sus objeciones técnicas al modelo de represa e incluso desde Guanajuato se sumaron voces contra el proyecto.

Los pobladores, principalmente las mujeres, expusieron la ausencia de información desde 2005 por lo que nunca se realizó la consulta comunitaria; los abogados exhibieron el amplio repertorio de ilegalidades e irregularidades de procedimiento en las que han incurrido la CEA, Conagua, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el gobierno de Jalisco.

Fue Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de gobernación quien llegó en helicóptero a Tepatitlán y se sentó ante Temacapulín junto a José Luis Luege Tamargo, quienes escucharon una hora a los habitantes y se levantaron de la mesa resolutiva sin resolver nada excepto que la construcción del megaproyecto transexenal para abastecer mayoritariamente de agua a Guanajuato, continuaría.

¿Jalisco a cinco años del imborrable y determinante acontecimiento de resistencia resolvió el problema de abastecimiento de agua o mínimamente el conflicto social en Temacapulín? No, el gobierno priista de Jorge Aristóteles Sandoval optó por pagar 4.6 millones de dólares a los técnicos de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para justificar el megaproyecto en lugar de retomar las actas y avances de las mesas de diálogo de 2011.

Movimiento Ciudadano (MC) a través de Ismael del Toro como batidillo pidió un nuevo convenio sobre distribución de aguas sin consultar a la comunidad directamente afectada, demostrando que poco comprende del tema al asegurar que el megaproyecto es un galimatías.

Y Temacapulín sigue donde mismo, como desde el siglo VI. Acumulando voces nacionales e internacionales a su favor, razón jurídica a nivel Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero con menos certezas que hace cinco años de lo que sigue y asentado en un Río Verde descaradamente escarbado por las empresas areneras al grado de convertirlo, poco a poco, en espejismo de un caudal en disputa.

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