22 días fuera de su casa, huyendo, modificando sus dinámicas de vida, acudiendo ante autoridades, recibiendo llamadas reactivas de algunas funcionarias y funcionarios responsables de garantizarle una vida libre de violencia solo por ser mujer, pero que no pasan de condolencias y favores personales.

Así han sido los días de Esmeralda García, propietaria de su departamento en Loma Dorada, quien fue golpeada por tres hombres, -sus vecinos- solo por su apariencia.

Contra la declaración del fiscal general, Eduardo Almaguer al anunciar el Protocolo Alba, de que ya se revisaban las actuaciones de las autoridades en este caso, la agencia 6 de la Fiscalía General del Estado (FGE), le deposita a la víctima la carga de la prueba forzando a que se ponga en riesgo de nuevo porque le pidió llevar testigos, fotografías de los agresores, sus nombres y las placas de sus autos, aspectos que policías investigadores debieran resolver.

Obtuvo una medida cautelar, custodia, pero a regañadientes y fugaz.

Esmeralda describe que tiene pesadillas, coraje, impotencia de ver a sus agresores seguir llevando una vida tranquila a diferencia de ella, que emigra sin certeza de cómo se encuentra su apartamento y sus cosas. Sin su vida libre de violencia.

Acudió a la reclasificación de lesiones para poder sostener su caso ante la FGE, y la enviaron al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para someterla a un peritaje psicológico, ella teme que sea usado en su contra pero…para la fecha en que la programaron por el exceso de casos y retraso en atención a víctimas, su cita quedó para agosto de 2017, el trauma se habrá transformado.

A Esmeralda García en su clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la nariz fracturada se la reacomodaron manualmente con un poco de morfina.

Ya se reincorporó a su empleo y se dio a la tarea de interponer queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) contra cinco actos de la autoridad: la Policía de Tonalá, médico de urgencias en la Cruz Verde del mismo municipio, Ministerio Público de la agencia 69 de la FGE, personal del Centro de Justicia para la Mujer y quién resulte responsable por omisión, negligencia y opacidad en el marco de la Alerta de Violencia contra las Mujeres emitida por el gobierno de Jalisco el 9 de febrero de 2016, al no procesar su caso integralmente por ser lesbiana.

También lo hizo por discriminación de un privado y gubernamental, ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Si bien Dante Haro, el fiscal de Derechos Humanos de la FGE envió policías investigadores para acompañarla a inspeccionar su domicilio este viernes, se trata de una prerrogativa personal, no de un procedimiento que responda a un protocolo dentro de la Alerta de Violencia.

Lo que ha padecido Esmeralda encuadraría en el tipo de casos por atender en el Consejo Estatal según la Ley para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación en Jalisco, con sanciones como multas y arresto, pero apenas se nombraron a los consejeros y sin perfil adecuado. 

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