El 18 de diciembre de 2015, entró en vigor la Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco.

Ley que, a 8 meses de existencia, sigue estancada la puesta en marcha del reglamento y no existe el diagnóstico sobre discriminación que el gobierno del estado aseguró, presentaría la última semana de julio, para definir atribuciones y responsabilidades del órgano que operará la ley, el consejo.

Sobre quiénes harán que la ley sea funcional, Gerardo Montoya de la organización Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), sostiene que la composición del consejo es inequitativa porque está sub-representada la sociedad civil organizada, pieza fundamental para la exigencia de la ley.

En junio quedó instalado tal Consejo para poner en marcha la ley contra la Discriminación en Jalisco, que en el artículo 33 especifica al gobernador o a quien designe en su representación, para presidir las reuniones y trabajos.

Jorge Aristóteles Sandoval, nombró al secretario, Roberto López Lara, pero éste, a su vez, en la instalación del consejo, no asistió y nombró a Krystian Luis Navarro, secretario técnico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Jalisco para iniciar los trabajos, un servidor público que tiene extraordinarias cantidades de trabajo rezagado en la atención de víctimas y ahora sumaron la resolución de la discriminación en el estado.

Sobre la dilación y la falta de voluntad política del gobierno del estado, Gerardo Montoya del CEPAD, recuerda la propuesta sinodal de las organizaciones civiles involucradas en el tema para evitar este tipo de deslindes.

Ley Estatal para Promover la Igualdad, contempla solamente para el consejo, tareas de escritorio y coordinación con otras entidades locales, no sanciones ni revisión de casos. Cuando un servidor público incurra en algún acto discriminatorio, las personas podrán denunciar pero en los órganos de control interno solamente.

Hace 12 años se creó un colectivo de organizaciones en busca de lo que hoy maltrecho ya existe. Incluso, recuerda Gerardo Montoya, la Comisión Estatal de Derechos Humanos formó parte de ese colectivo pero por su actuación ante quejas de discriminación se le pidió que dejara de participar. 

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