Los regidores panistas en el Ayuntamiento de Guadalajara no descartan acciones legales para tratar de revertir la decisión que tomó el pleno el viernes pasado, al pasar 108 millones de pesos etiquetados a obra pública al pago de las deudas que tiene la comuna con el Instituto de Pensiones.

En rueda de prensa, los panistas se dijeron molestos porque “en menos de dos días” les compartieron el dictamen que terminó por aprobarse.

Sergio Tavares argumentó que hay actas de sesiones anteriores donde se aprobaba la cancelación de obras, pero en el informe del viernes pasado, dichas obras ya aparecían pagadas.

Además, del listado de 153 millones de pesos que ya se ejercieron, no se presentaron comprobaciones fiscales ni factura alguna que pueda demostrar que los trabajos se hicieron.

Lo que parece absurdo al regidor es que el Ayuntamiento haya decidido vender un predio al Gobierno del Estado. Pero que el dinero que pagó el gobierno estatal tuvo que ser devuelto, a través del Instituto de Pensiones, lo que calificó como un “jineteo” de recursos.

El viernes pasado, el pleno del Ayuntamiento tapatío decidió liberar 108 millones de pesos que estaban etiquetados para diversas obras en el municipio, pero que por complicaciones financieras de la comuna se tuvieron que redirigir para pagar las deudas con el Instituto de Pensiones.

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