La falta de intérpretes en lengua indígena, así como agentes del ministerio o jueces que no conocen la cultura, usos y costumbres de los pueblos originarios,  ponen en riesgo los derechos humanos de este sector de la población.

Ismeraí Betanzos Ordaz, coordinadora de Derechos Indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) admitió que esta situación es un foco rojo para el organismo.

En México hay 9 mil indígenas recluidos en cárceles. La mayor parte, no tuvieron acceso a un intérprete.

Betanzos consideró que para garantizar que los asesores jurídicos y funcionarios del Poder Judicial y tengan una visión intercultural, la Comisión Nacional Indígena firmó convenios con la Secretaría de Gobernación (Segob) y otras dependencias.

Sin embargo, el lado flaco siguen siendo las Fiscalías Estatales y los empleados de los gobiernos locales.

Recordó que en estados como Yucatán son de los más avanzados, pues incluso cuentan con Fiscalía de Atención a Indígenas.

En Jalisco apenas el año pasado comenzó la capacitación de intérpretes, por lo cual no cuentan con cifras.

A la par, la Comisión Nacional Indígena cuenta con un programa de atención a mujeres violentadas, conocido como las “Casas de las Mujeres Indígenas”.

 

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