La Suprema Corte de Justicia de la Nación  definirá  qué  entidades públicas  y hasta qué punto pueden cumplir  la Ley de Austeridad y Ahorro de Jalisco, que entró en vigor  a partir de este año.

Lo anterior lo aclaró el secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida, luego de que la Universidad de Guadalajara  y el Poder Judicial se mostraron imposibilitados a cumplir  la nueva legislación.

La  Casa de Estudios   evidenció que no  se podía acatar la nueva legislación en el ejercicio de recursos federales, para los que firma convenios que establecen sus propios lineamientos.

Mientras que el Poder Judicial argumentó que contraviene a la división de Poderes.

El secretario afirmó que el Gobierno del Estado prevé ahorrar este mismo año 200 millones de pesos, una vez que  termine  el reglamento de la nueva ley y empiece a aplicarla al cien por ciento, a pesar de que no se espera una ampliación en las participaciones y aportaciones federales.

El Consejo Económico y Social de Jalisco es el primer organismo en presentar su  reglamento para la aplicación de la Ley de Austeridad,  con lo  que lograría destinar el 42%  de su presupuesto a la realización de estudios y elaboración de recomendaciones. 

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