El próximo miércoles en el poder legislativo comenzará la discusión de la iniciativa enviada por el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, que busca la revisión y evaluación de los servicios de deuda pública contratados hasta el primero de marzo de 2013.

Lo que se busca es tener mayor eficiencia en los empréstitos solicitados por el gobierno estatal, que hoy acumulan un saldo global que supera los 16 mil millones de pesos.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Hacienda, el priista Miguel Castro Reynoso, la iniciativa no contempla la contratación de nuevos créditos, sino una revisión y evaluación de los plazos, las tasas, los montos de amortización y los intereses que generan dichos servicios.

A cambio, el gobierno del estado contempla una reducción de la nómina que puedan generar ingresos por 138 millones 688 mil 745 pesos. Este dinero iría exclusivamente a la Fiscalía General del Estado (FGE), con las etiquetas de gasto en gasolina y electricidad.

De acuerdo con la página electrónica de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), el saldo de la deuda directa al primer trimestre de 2015 coloca a Jalisco con una deuda con dos tipos de instituciones. Con la banca comercial son 12 bancos acreedores que suman siete mil 705 millones pesos.

Mientras que la Banca de Desarrollo le ha prestado al gobierno del estado la suma de ocho mil 300 millones de pesos en 13 contratos distintos, pero todos con Banobras.

La iniciativa enviada por el poder ejecutivo no aclara de qué áreas serían dadas de baja las personas, ni tampoco el tipo de nombramiento que tendrían. Ante esto, Castro Reynoso espera que no resulte contraproducente dicho recorte, y que esos despidos no vayan a terminar en Tribunales, con demandas laborales de por medio.

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