El pasado 12 de mayo, el pasante de derecho Eduardo Mosqueda Sánchez recuperó su libertad tras permanecer recluido en un penal de Colima durante más de nueve meses.

Acusado junto con 33 indígenas nahuas de Ayotitlán, de robo calificado, privación ilegal de la libertad y despojo, el miembro del Instituto de Derecho Ambiental fue el único que siguió en la cárcel, luego de que mediante un acuerdo político fueran liberados los ejidatarios.

En entrevista para Señal Informativa, Eduardo Mosqueda narró cómo fue detenido el 22 de julio de 2015 cuando acompañó a unos 600 indígenas a la compañía minera Peña Colorada, quienes reclamaban el pago de renta de tierras y respeto a un amparo que ordenaba el cese de la extracción de minerales.

Aquel día, Eduardo Mosqueda aseguró que los representantes de la empresa permitieron el ingreso de todos los manifestantes y acordaron pagar los adeudos, pero casi dos horas después aparecieron decenas de unidades policiacas de Colima y agentes antimotines que lo detuvieron a él y a 33 ejidatarios de Ayotitlán.

El operativo policiaco fue coordinado por el entonces procurador de Justicia de Colima, Marcos Santana Montes y los primeros cargos fueron por el delito de secuestro, lesiones, robo calificado y despojo.

Sin embargo, tras una negociación que involucró a los gobernadores de Jalisco y Colima, se acordó semanas después otorgar el “perdón” a los 33 ejidatarios de Ayotitlán, pero mantener en prisión al joven pasante de derecho.

Según el expediente 142/23015-S3, Eduardo Mosqueda permaneció preso por los delitos de privación ilegal de la libertad, robo calificado y despojo.

Según el juez de Colima, el joven de 26 años, él solo, habría retenido por la fuerza al personal de la compañía, cometido un robo y despojado a la empresa del complejo minero que explota el yacimiento de hierro más rico de América Latina.

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