El peso de la responsabilidad del maltrato  médico que puede enfrentar  una mujer durante el embarazo, parto y cuarentena,  debe recaer en las instituciones, no en los gineco obstetras, consideró el director de Profesiones del estado, Felipe Oceguera, quien aplaudió que la Comisión de Puntos Constitucionales, del congreso del estado desechara la propuesta de  tipificar como delito la violencia obstétrica.

El funcionario estatal consideró que las causas de la mayoría de los casos de negligencia médica son inherentes al especialista y obedecen a la falta de infraestructura y recursos de las instituciones o por la falta de cultura de cuidado de la propia población.

El director de Profesiones del estado coincidió con la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío Corona Nakamura, en que incluir el término de violencia obstétrica en el Código Penal sólo abona a estigmatizar a los médicos.

Expuso que la mejor vía  es la prevención, con un análisis más amplio de cómo se desarrolla la actividad.

De acuerdo con el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales del congreso del estado, la violencia obstétrica será responsabilidad de las instituciones, si el personal médico no contó con los requerimientos humanos y materiales necesarios.

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