La Ley de Transparencia que se aprobó hace un par de años en el Congreso del Estado es flexible con servidores públicos, y es que de 72 sanciones que implicaba una multa a funcionarios opacos, sólo han pagado 32, siete no se han localizado para sancionarlos y 33 se encuentran apercibidos para que paguen; cuatro de éstos últimos interpusieron un medio de defensa en tribunales, para tratar de impedir la sanción.

Uno de los problemas es que la autoridad no tiene suficiente información para dar con el paradero de los funcionarios opacos. Cuando el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI) aplica una multa, se le da el tratamiento de un crédito fiscal llamado “multas administrativas no fiscales”.

Ante el caso omiso de las autoridades, se hace un estudio para descartar responsabilidades y entonces el Consejo del ITEI resuelve la sanción, que va desde una amonestación pública, hasta el arresto administrativo. En el caso de las multas, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) es la encargada de cobrarlas.

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