A partir del próximo mes de enero, todos los comerciantes de Guadalajara deberán de pagar un impuesto nuevo, el pago para la conservación del medio ambiente en la ciudad. Este cobro será de 10 por ciento sobre el valor de la licencia y será obligatorio.
Lo anterior forma parte de la Ley de Ingresos para el 2016 que fue aprobada por los regidores del pleno del Ayuntamiento tapatío. Con el aval de los ediles de los Partidos Revolucionario Institucional (a excepción de César Ruvalcaba) y Movimiento Ciudadano, los funcionarios también dieron luz verde al aumento de las licencias de giros restringidos. A bares, antros, discotecas, centros nocturnos y cantinas, el aumento de su licencia será de un 20% de lo que pagaron en 2015. A tiendas, vinaterías, súper mercados, y mini súper con venta de alcohol, su aumento será de 10%. 
Los negocios de valet parking también se verán afectados por los nuevos cobros. La ley contempla un aumento de hasta 10 veces de lo que se cobró este año. Por lo que algunos regidores opositores manifestaron que esto podría ocasionar el traslado de estos costos a los clientes. 
Para defender estas propuestas, el regidor Salvador Caro Cabrera, manifestó que estas nuevas disposiciones obedecen a fincar un nuevo modelo de política fiscal que tendrá la próxima administración. Además, señaló que algunas multas subirán de precio porque es la manera de incentivar el orden en la ciudad. 
En descargo, Caro Cabrera, quien promovió esta Ley de Ingresos aprobada por el Cabildo tapatío, señaló que las tarifas del predial, el agua y las tablas de valores catastrales no tendrán aumentos, para no perjudicar a las familias. 
En la sesión de este martes, el ayuntamiento también avaló el nuevo reglamento del Mercado Corona.
 Además, Para dar una muestra de solidaridad con la próxima administración, el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara avaló la terminación anticipada del convenio con la Fuerza Única de Jalisco. Por lo que 123 policías que fueron prestados a esta nueva corporación de la Fiscalía General del Estado, deberán de reportarse el primero de octubre en las comandancias municipales. En la sesión de este martes, los regidores aprobaron un dictamen que contempla un periodo de gracia de 90 días naturales para que las próximas autoridades determinen si continúan bajo el modelo impulsado por el Gobierno del Estado, o si requieren esa cantidad de elementos para impulsar otras estrategias de seguridad.
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