Este jueves el pleno del Congreso del Estado aprobó la nueva Ley para prevenir, sancionar, erradicar y reparar la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanas o degradantes del Estado de Jalisco. Después de casi dos años de discusiones, los diputados dotarán de responsabilidades jurídicas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) para que sea acompañante de las víctimas, no sólo en contra de funcionarios sino también contra particulares.

Esta nueva ley es un cambio de paradigma jurídico importante porque por primera vez en Jalisco se castigará el delito de tortura con penas que van de los tres a los 12 años de prisión, además de que la CEDHJ deberá de interponer denuncias penales luego del resultado de sus investigaciones, más allá de las recomendaciones que puedan emitir a la Fiscalía General del Estado (FGE) o los policías municipales.

En la nueva ley se establece que la Fiscalía General del Estado y sus dependencias, así como las corporaciones de seguridad pública municipales establecerán programas de investigación, documentación, valoración médica y psicológica de casos de tortura, que deberán basarse en las reglas contempladas en el Protocolo de Estambul.  Además, otorga un tiempo de gracia de 180 días hábiles para la elaboración y publicación de los protocolos de actuación.

Desde hace ocho años, la CEDHJ ha recibido 190 quejas de supuestas torturas cometidas por agentes ministeriales o policías. De ellas se han emitido 13 recomendaciones; siete de esas 13 fueron emitidas contra la Fiscalía General del Estado en el año 2014, sin embargo, dichas recomendaciones no han tenido consecuencias.

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