Integrantes de la comunidad indígena nahua del ejido de Ayotitlán, situada en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, demandan la liberación de Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, un abogado que fue detenido cuando se encontraba haciendo un recorrido por tierras ocupadas actualmente por el consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada.

De acuerdo con integrantes del Instituto de Derecho Ambiental, pidieron al consorcio minero que cese con las denuncias que mantiene contra 33 indígenas que viven su proceso judicial en libertad, pero también en contra del joven abogado que se encuentra detenido en una prisión de máxima seguridad en el municipio de Colima.

Un sector de la comunidad de Ayotitlán avaló la renta de tierras ejidales a la minera. El pasado 22 de abril, al momento de recibir 14 millones de pesos, hubo una retención de personas en el ejido. Es por eso que la minera denunció el secuestro de los involucrados.

El otro problema es que los propios comuneros no se ponen de acuerdo, pues existe una denuncia de Gaudencio Mancilla, líder moral de la región, porque se está lucrando con el espacio y las zonas naturales.

Hasta el momento se han interpuesto cinco quejas formales en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), 12 amparos para defender los derechos de los indígenas de la minera, además de dos denuncias con el relator de los derechos humanos en México, para tratar de buscar una solución a este conflicto.

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