Guadalajara, Jalisco.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) revisa la actuación de autoridades estatales, en el último desalojo de los ejidatarios de El Zapote del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

A reserva de que concluya la investigación, el ombudsman Felipe Álvarez Cibrián  expuso que en muchos de  estos casos, se justifica el uso de la fuerza pública.

Argumentó que nadie puede recuperar una posesión por sí mismo aún con una orden judicial a su favor, como es el caso de estos campesinos que reclaman el pago de las tierras de la terminal aérea.

La CEDHJ recibió dos quejas por parte de El Zapote,  a raíz de que el ejido fue retirado de un predio  ubicado en el ingreso del aeropuerto y la Fuerza Única aprehendió a 12 de sus miembros.

Álvarez Cibrián afirmó que sólo se podrá acreditar la violación de derechos humanos, si en el desalojo hubo excesos y brutalidad.

Visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos presenciaron los hechos registrados el viernes pasado, por lo que este órgano resolverá las quejas conforme a la acta levantada.

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