Castigarán con cárcel a los servidores públicos y desarrolladores que incurran en actos de corrupción para favorecer intereses inmobiliarios por encima de la ley, de acuerdo con las reformas al Código Urbano aprobadas por el Congreso del Estado.

Las sanciones que se establecieron son de hasta  4 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por tres años,  para aquellos servidores públicos, que de forma dolosa autoricen licencias que contravengan a  los planes de desarrollo.

Los promotores de desarrollos inmobiliarios que violen la zonificación primaria o índice de edificación también serán castigados hasta con cuatro años de prisión y una multa de mil a 3 mil  días de salario mínimo vigente. 

Respecto a esta reforma habla el diputado  del PRI, Trinidad Padilla López, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano.

La reforma al Código Urbano  acota las  competencias del Tribunal de lo Administrado del Estado,  para decidir en las controversias entre distintas dependencias y entidades respecto a la aplicación de los planes y programas de desarrollo urbano.

En las modificaciones se estableció que sus resoluciones no pueden contravenir los planes de desarrollo vigente, que no tengan una antigüedad mayor a los seis años.

El diputado Trinidad Padilla explicó que también se aprobó  que las áreas que los constructores tendrán  que ceder de los núcleos habitacionales para el servicio de la comunidad, serán  proporcionales a la población que concentren  y que representarán entre el 16 al 24% de la superficie.

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