Con algunos ajustes solicitados por cámaras empresariales, la Comisión de Hacienda del Congreso Local aprobó la reforma a la Ley de Adquisiciones. El diputado Ismael del Toro descartó que hayan desinflado el dictamen por presiones de la iniciativa privada.

En el documento ya no se establece tope de antigüedad a las empresas que contraten los gobiernos, aunque deberán cumplir con requisitos de formalidad. También se crea un padrón único de proveedores.

Además  se elimina la figura de invitación restringida y las adjudicaciones directas no podrán rebasar el 15 por ciento de la partida de compras y sólo se podrán realizar para emergencias y un catálogo concreto de supuestos.

La figura de Testigo Social será adicional a los Comités de Adquisiciones para evitar la confusión que se generó cuando algunos organismos empresariales interpretaron que querían dejarlos fuera de esas comisiones.

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