La tortura persiste en la Fiscalía General del Estado (FGE) en perjuicio de las personas que son detenidas y acusadas de cometer delitos, puesto que mediante las presiones a que son sometidas, terminan por confesarse culpables de lo que se les imputa, afirmó el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, José Luis Guízar Abarca, quien agregó que el 98 por ciento de los inculpados reciben tortura, aparte de que ni siquiera cuentan con la asistencia de un defensor de oficio durante su declaración inicial ante el Ministerio Público. 

Guízar Abarca señaló que la Procuraduría Social no está pendiente del trabajo de los defensores de oficio. 

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