Guadalajara, Jalisco.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) de México tiene abiertas siete investigaciones contra el exdelegado del Gobierno federal en el estado de Jalisco Carlos Lomelí por presuntas conductas irregulares, informaron este lunes las autoridades.

En rueda de prensa, Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, informó que de las siete investigaciones en curso, cuatro son por posible conflicto de interés y tres por actuar en contra de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

"La Secretaría de la Función Pública, (...) tiene en curso no una, sino siete investigaciones que ya arrojan indicios y datos de posibles conductas irregulares", precisó Sandoval.

Según la funcionaria, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fue informado de los avances de la investigación y el 8 de julio pasado este pidió que se informase a Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, quien coordina a los delegados estatales y regionales de toda la república.

"Por instrucciones del señor presidente de la República informamos al licenciado Gabriel García Hernández de nuestras investigaciones y de la necesidad y conveniencia de tomar medidas preventivas para permitir el curso de las investigaciones y de la necesidad y diligencias", dijo.

Lomelí, quien renunció el pasado 12 de julio, ya había sido denunciado ante García el 8 de julio por los indicios de su participación en una red de farmacéuticos que reciben contratos del Gobierno.

En cuanto a las sanciones, Sandoval comunicó que pueden ser desde la destitución del cargo, la inhabilitación por durante 20 años o una sanción monetaria.

De acuerdo con lo explicado por la secretaria durante la rueda de prensa, el exdelegado de Gobierno habría violado cuatro artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El pasado 12 de julio Lomelí anunció la renuncia a su cargo después de que en mayo pasado un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señalara que empresas relacionadas con familiares y personas cercanas a él forman parte de una red de empresas que venden medicamentos a Gobiernos.

Además, este lunes la asociación MCCI aseguró que hay otros funcionarios públicos investigados en el caso Lomelí, cuyos nombres la secretaria no dio a conocer porque pondrían en riesgo la investigación.