Un juez federal suspendió este jueves la toma de posesión como ministro del expresidente brasileño Lula da Silva, al considerar que su designación obedece al intento de protegerlo ante la justicia, en un fallo que será apelado por el gobierno.

“Interrumpo el acto de nominación del señor Luiz Inacio Lula da Silva para el cargo de Ministro de Estado jefe de la Casa Civil o cualquier otro que le otorgue prerrogativa de fuero”, señaló la decisión del juez Itagiba Catta Preta, que debe ser revisada por instancias judiciales superiores.

“En caso de que ya haya ocurrido la toma de posesión, suspendo sus efectos hasta el enjuiciamiento final de esta acción”, añadió el juez, que señala como “compleja y grave” la situación que rodea la llegada de Lula al gobierno.

El expresidente (2003-2010) asumió este jueves como titular de la Casa Civil, un cargo equivalente al de un jefe de gabinete, del gobierno de Dilma Rousseff, su sucesora y heredera política.

Lula es investigado en el caso Petrobras por corrupción y lavado de dinero. Su nombramiento le atribuye foros especiales y solo puede ser procesado por la Corte Suprema, y ya no por el juez Sergio Moro que lleva la causa del escándalo de la estatal petrolera.

Una situación que levantó sospechas sobre las motivaciones de su ingreso al gobierno.

La toma de funciones “puede implicar intervención, indebida y odiosa, en la actividad policial, del Ministerio Público y también en el ejercicio del Poder Judicial por parte del señor Luiz Inacio Lula da Silva”, señaló el texto del juez. 

Además, “implica una intervención directa” de la presidenta, insistió Catta Preta.

La crisis que sacude al gobierno brasileño arreció el miércoles cuando el juez Moro liberó el audio de una conversación interceptada entre Lula y Rousseff, en la que ésta le informa que se aprestaba a enviarle el decreto de su nombramiento como jefe de gabinete para que pueda “usarlo en caso de necesidad”.

Investigadores estiman que la presidenta quería proteger a Lula de una eventual orden de prisión. 

Lula ya fue llevado por la fuerza a declarar en Sao Paulo el 4 de marzo pasado por este caso. 

Con esta decisión preliminar, el exmandatario del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) no podrá ejercer sus funciones como ministro hasta que no haya un fallo definitivo, indicaron a la AFP fuentes de la justicia federal en Brasilia. La Abogacía General de la Unión, que representa y defiende al Estado, informó que apelará el fallo.

Lula aterrizó en el gobierno en momentos que el gobierno de Rousseff está contra las cuerdas, en medio de una severa crisis política, una recesión económica y los coletazos del escándalo de corrupción en Petrobras.

Enfrenta además un juicio de destitución en el Congreso, por presunta manipulación de las cuentas del Estado, y su popularidad está por los suelos. 

El domingo pasado, más de tres millones de brasileños salieron a la calle para exigir su dimisión.

Equipo Editorial
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