La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, negó este miércoles en un escrito enviado al Senado que haya violado la Constitución al adulterar las cuentas públicas, en uno de los últimos pasos de su juicio de destitución.

Rousseff, suspendida de su cargo desde el 12 de mayo, optó por no dar su testimonio en persona ante la comisión especial de impeachment, donde su fuerza es minoritaria, y su defensa fue leída por su abogado, el exministro de Justicia Eduardo Cardozo.

Aseguró que jamás desvió un recurso del patrimonio público para enriquecimiento personal o de terceros. Rousseff no descartó defenderse cuando el caso sea llevado ante el Pleno del Senado.

El 4 de agosto la Comisión recomendará la destitución de Dilma Rousseff, esto será ratificado cinco días después en el plenario del Senado.

Pero para apartarla del cargo definitivamente, es necesario que una mayoría especial de 54 de los 81 senadores la condenen durante una sesión final conducida por el presidente de la corte suprema, programada para celebrarse entre el 25 y el 27 de agosto, poco después de los Juegos Olímpicos.

La oposición abroquelada en torno a su destitución y al vicepresidente Michel Temer, que la reemplazó interinamente, considera que es un caso cerrado.

Rousseff afirmó que el impeachment no tiene base legal y es una ruptura del orden democrático.

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