Firdman
Fotografía; AFP
Madrid, España.

Uno de los más poderosos magnates rusos, Mijaíl Fridman, compareció este lunes ante un juez en España, sospechoso de haber maniobrado secretamente para asfixiar económicamente al grupo español Zed con el objetivo de adquirirlo a bajo precio.

Fridman testificó ante un juez instructor de la Audiencia Nacional, alto tribunal de Madrid encargado de los asuntos financieros complejos, citado como investigado por corrupción en los negocios, abuso de mercado, insolvencia punible y administración desleal.

Presentado por Forbes como el hombre más rico de Londres, estuvo envuelto en otra polémica en España, al comprar en mayo, mediante una oferta pública de adquisición hostil, la cadena de supermercados Dia, en grandes dificultades y de la que ya era su principal accionista.

A través de su fondo LetterOne, con sede en Luxemburgo, Fridman controla compañías de telecomunicaciones, sanidad, distribución, hidrocarburos o finanzas. De hecho, es el fundador del mayor banco privado ruso, Alfa Bank.

El empresario, considerado cercano al Kremlin, está acusado por la fiscalía anticorrupción de haber desempeñado “una serie de actuaciones que llevaron a la insolvencia” de Zed Worldwide SA “para adquirirla a un precio irrisorio muy inferior al de mercado”.

La fiscalía no duda en compararlo con “una técnica típica de parte de la mafia rusa”: el “raid”, es decir, un ataque para apropiarse ilegalmente de una empresa.

“Hay una técnica que consiste en llegar con unos kalashnikov al negocio. La cosa luego fue perfeccionándose, de ser una cuestión violenta pasó a ser una cuestión económica o jurídica: asfixiar a la administración de una empresa, terminando en insolvencia”, explica a la AFP el fiscal a cargo del caso, José Grinda.

– Fridman niega todo –

En un comunicado emitido después de la audiencia, Fridman aseguró no haber tenido “ninguna participación en la insolvencia de Zed”, mientras que acusó al fundador y dirigente del grupo, Javier Pérez Dolset, de haber presentado “documentos falsos” para “implicarlo ilegalmente en hechos en los que no ha participado”.

Fundado en 1998 en Madrid, Zed desarrolló y comercializó servicios de valor añadido para operadores de telefonía móvil. Algunos tuvieron gran fortuna, como los servicios de SMS premium o el vídeojuego Commandos.

Fridman se convirtió al mismo tiempo en uno de sus accionistas y uno de sus principales acreedores.

A partir de 2014, el operador de telefonía móvil Vimpelcom, controlado por Fridman y que ya tuvo problemas con la justicia estadounidense, rescindió o modificó sustancialmente varios contratos con una filial rusa de Zed, privando al grupo español de importantes ingresos, según la fiscalía.

La obtención de estos contratos había llevado a Zed a endeudarse en 140 millones de euros, parte de ellos prestados por un banco controlado por el magnate ruso.

La difícil situación llevó al grupo español a declararse en concurso de acreedores en 2016.

Pocos meses después, personas cercanas al magnate ruso propusieron su compra por 20 millones de euros, “muy por debajo del que era su valor cuando dieron comienzo las maniobras de paralización y bloqueo, controladas por Mijaíl Fridman”.

– “Camufla su control” –

Según el fiscal, “el señor Fridman camufla su control de la actuación delictiva en subordinados“, para evadir responsabilidades.

Los investigadores analizaron “una serie de whatsapp y correos electrónicos” en los que “se desprende que Fridman estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo“, aseguró el fiscal Grinda a la AFP.

En el dosier del caso se repite varias veces el nombre de una persona cercana del actual ministro ruso del Interior que se habría beneficiado de los fondos desviados de una filial rusa de Zed.

Javier Pérez Dolset fue quien presentó la primera querella, denunciando una estrategia para adueñarse de la empresa. Sin embargo, él mismo terminó investigado por una supuesta sustracción de millones de euros de forma fraudulenta.

El gigante de las telecomunicaciones Vimpelcom, implicado en el caso Zed, aceptó en 2016 pagar 800 millones de dólares de multa a las autoridades estadounidenses y holandeses para cerrar un escándalo de corrupción en Uzbekistán.