Bruselas, Bélgica.

El presidente catalán cesado, Carles Puigdemont, aseguró este miércoles que "por el momento" piensa continuar en Bélgica, un día después que la justicia española retirara la orden de extradición europea contra él y cuatro de sus exconsejeros.

"Por el momento nos quedamos aquí", dijo Puigdemont en una rueda de prensa en un hotel de Bruselas acompañado de los otros políticos catalanes -Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí- y de parte de sus abogados defensores.

Sus declaraciones llegan la víspera de una protesta en la capital belga organizada por organizaciones independentistas para apelar a Europa sobre la situación en esta región de 7,5 millones de personas y en la que esperan la presencia de "más de 20.000 personas".

Los cinco políticos se encuentran en Bélgica desde finales de octubre, cuando el gobierno español tomó bajo su tutela la autonomía de Cataluña, cesó al ejecutivo catalán y convocó elecciones anticipadas en esta región, en respuesta a la declaración unilateral de independencia por su Parlamento.

- 'Intención de volver' -

A pesar de criticar las decisiones de Madrid, las fuerzas independentistas decidieron concurrir a las elecciones del 21 de diciembre y gran parte del ejecutivo cesado se presentará, pero en dos listas: 'Junts per Catalunya' con Puigdemont (derecha) a la cabeza y Esquerra Republicana de Catalunya (izquierda).

Preguntado sobre si en caso de ser elegido diputado regional regresará a España, donde está acusado de rebelión junto al resto de miembros de su gobierno, el líder independentista dejó la puerta abierta a volver, aunque lo supeditó a la respuesta de Madrid.

"Después de las elecciones, los que salgamos elegidos diputados (...), seremos diputados y tomaremos posesión de nuestra acta", aseguró Puigdemont, quien expresó que la "intención de volver" la tienen desde que llegaron a Bélgica.

Si los resultados conducen a reelegir al gobierno cesado por Madrid y si el España se compromete a respetar el resultado, "debemos volver", pero "debemos conocer primero la respuesta", apuntó, antes de criticar la "paradoja" que sería "salir del Parlamento esposado" tras el "debate de investidura".

Desde Madrid, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, reiteró que no aceptará de "ninguna manera que se rompa la soberanía nacional", en declaraciones a la prensa con motivo del día de una Constitución que se comprometió a reformar a cambio del apoyo de la oposición a su respuesta en Cataluña.

El inesperado giro judicial llegó en plena campaña electoral en Cataluña, donde según los sondeos las fuerzas independentistas y las partidas de la unidad de España llegarían empatadas, con los exaliados de Puigdemont de ERC, cuyo líder Oriol Junqueras se encuentra en prisión preventiva, en cabeza.

- 'Europe, Wake Up!' -

Para apelar sobre la situación en Cataluña, las asociaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural convocaron una manifestación el jueves en Bruselas con el lema "Europe, Wake Up!" (¡Europa, despierta!).

La manifestación que partirá a las 11H30 (10H30 GMT) del bruselense Parque del Cincuentenario recorrerá el barrio europeo, a través de un recorrido de 2,5 kilómetros que bordeará la sede de la Comisión Europea hasta terminar en la plaza Jean Rey, en las inmediaciones de la Eurocámara y del Consejo Europeo.

El vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, para quien España violó valores fundamentales como la libertad de expresión o de reunión, explicó que, con esta marcha, buscan pedir "el respeto de todos los derechos y tratados europeos" y "manifestar la profunda convicción europea del pueblo catalán".

Los organizadores prevén la presencia de "más de 20 mil personas" en la manifestación que estará marcada por el color amarillo utilizado en Cataluña para reclamar la liberación de varios líderes independentistas: los presidentes de las organizaciones convocantes y dos exconsejeros.

Desde la convocatoria de un referéndum de independencia el 1 de octubre en Cataluña, contra la opinión de la justicia española, las instituciones europeas han considerado esta crisis política como un asunto interno de España y han expresado su respeto a la legislación y gobierno españoles.