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Boracay, Filipinas.

La policía de Filipinas se prepara para el controvertido cierre de la isla de Boracay, uno de sus principales destinos turísticos y cuyas playas están consideradas entre las mejores del mundo, pero que el presidente Rodrigo Duterte acusa de ser una "cloaca", con aguas contaminadas.

Ante la indignación de la comunidad de pobladores y trabajadores que viven de los complejos turísticos, opuestos al cierre desde el jueves de la isla durante seis meses, la policía realizó simulacros de manifestaciones, toma de rehenes e incluso de atentados en las arenas blancas de este 'paraíso' de aguas turquesas.

La comunidad de Boracay acudió ante la Corte Suprema en un último intento por evitar este cierre temporal a su única fuente laboral.

El presidente Duterte ordenó el cierre de este destino vacacional para construir una planta de tratamiento de aguas servidas, puesto que los hoteles y la comunidad que vive allí habrían contaminado indiscriminadamente el mar, según denunció.

Como parte de los simulacros policiales, los oficiales dispusieron de todo su equipo antidisturbios para enfrentarse con personas -simulando ser manifestantes- que arrojaban botellas.

En otro de los ejercicios que sorprendió a los pobladores, espectadores en primera fila del simulacro, unas mujeres que interpretaron a supuestas turistas gritaban ante la llegada de hombres encapuchados a la playa, que les arrebataban sus toallas y las apuntaban con pistolas.

"Me alarmó la gran cantidad de soldados y policías", dijo una residente, Dory Gaitano a la AFP. "Pensé que iban a demoler sólo edificaciones construidas sin autorización, pero ¿por qué esta cantidad tan grande de policías?", se preguntó.

El analista político Ashley Acedillo consideró "desproporcionado" el despliegue de fuerzas del orden en la isla, lo que a su criterio refleja el estilo que quiere demostrar Duterte en el poder.

El sector turístico advirtió que el cierre de la isla pone en peligro 17 mil empleos. La isla recibió en 2017 casi dos millones de turistas que generaron mil millones de dólares para la economía filipina.

Duterte acusa a los hoteles y bares de la isla de haber estado vertiendo aguas residuales directamente al mar. Según el ministerio de Medio Ambiente, 195 comercios y 4 mil particulares de la isla no están conectados a los sistemas de alcantarillado de este paraje a unos 300 kilómetros al sur de Manila.