Madrid, España.

El Gobierno español advirtió hoy que defenderá judicialmente “la soberanía e inmunidad jurisdiccional” de España en el procedimiento civil abierto en Bélgica contra el magistrado Pablo Llarena, si el tribunal belga cuestiona la causa abierta por el proceso independentista catalán que instruye este juez.

El Ministerio español de Justicia subrayó hoy que dicho proceso penal “está sometido de manera exclusiva y excluyente a la jurisdicción española”, según un comunicado.

El expresidente regional catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros regionales que huyeron con él a Bélgica a fines de octubre de 2017 después de que el Parlamento local declarase ilegalmente la independencia de Cataluña, demandaron a Llarena en Bélgica, donde la justicia de ese país citó a declarar al juez español para el próximo 4 de septiembre.

El ministerio español consideró hoy que el tribunal belga que estudia esa demanda civil contra Llarena no debe inmiscuirse en el proceso penal que se desarrolla en España.
Si, por el contrario, la instrucción “se ve cuestionada por la actuación del tribunal de instancia de Bruselas que tramita dicha demanda”, el Ministerio español advierte que “el Gobierno actuará en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional” del país y “su potestad soberana del ejercicio de la jurisdicción”.

Tampoco descarta incluso acudir, si fuese preciso, hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Esta actuación no implica “en ningún caso”, recalca el ministerio español, que el Estado vaya intervenir en “defensa” del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por las expresiones o manifestaciones de carácter privado “que se le atribuyen” en la demanda.

Ante eso, prosigue el comunicado, “el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función”.
Sin embargo, en lo que se refiere a la función jurisdiccional del magistrado, “cualquier mención a la misma por parte de la autoridad judicial belga supondría una vulneración del principio ‘acta iure imperii'”, por el que los Estados extranjeros no pueden ser demandados ni sometidos a la jurisdicción de los tribunales de un determinado país.

Por ello, el Ministerio español de Justicia sostiene que el tribunal belga no debe mencionar siquiera entre sus argumentos “hechos o datos de la causa penal abierta en España” que instruye Llarena.

El Ministerio precisa que la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas no prevé la intervención del Servicio Jurídico del Estado, es decir, la Abogacía del Estado, ante juzgados o tribunales ordinarios de países extranjeros.

La fórmula pasaría por contratar un bufete privado de abogados “si la evolución de la causa belga recomienda la personación del Estado español”, paso previo “imprescindible” para llegar, si fuese preciso, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.

La respuesta del Ministerio de Justicia va en sintonía con lo solicitado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -el órgano de gobierno del Poder Judicial de España- tanto a este ministerio como al de Asuntos Exteriores: asegurar “la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica”.

La demanda contra Llarena, interpuesta por Puigdemont y los cuatro exconsejeros, se sustentaba en una supuesta falta de respeto a su derecho a la presunción de inocencia por parte del magistrado.