Cerca de 1,7 millones de manifestantes salieron a las calles de Brasil el domingo a protestar contra la presidenta Dilma Rousseff. Muchos de ellos pidieron su impeachment (destitución), pero expertos jurídicos aseguran que esa posibilidad es remota y no hay elementos que permitan llevarla adelante.

“Es un reclamo de la calle, no es jurídico ni político. No están ni siquiera presentes las condiciones jurídicas para hacer un impeachment. No hay delito ni improbidad administrativa” de Rousseff, dijo a la AFP Michael Mohallem, profesor de la facultad de Derecho de la universidad privada Fundación Getulio Vargas.

Primero debe existir una denuncia contra Rousseff, que debe ser aprobada por dos tercios de la Cámara de Diputados y pasar por un proceso especial en el Senado. Por esto muchos estiman que es una decisión más política que jurídica. Pero se precisan pruebas de improbidad.

Además, “el Congreso tiene muchas otras cosas de las que preocuparse en este momento, como las investigaciones en relación a la Operación Lava Jato [que develó el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras], y no veo que haya contexto allí para impulsar un impeachment“, añadió Mohallem.

El ministro de la Corte Suprema Ayres Britto consideró que no hay posibilidad de que el pedido de destitución de Rousseff avance. 

“Pedir el impeachment en una protesta libre, todo bien. Pero la presidenta de la República en el curso de este mandato que mal se inicia no cometió ningún crimen, que es el presupuesto de un impeachment“, dijo Britto este lunes a la TV Globo. “No existe la menor posibilidad”, dijo.

“Hasta el momento no hay ningún elemento jurídico, político para sustentar” un impeachment, coincidió Elcio Trujillo, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Estatal de Sao Paulo (Unesp). “No hay ningún indicion de delito practicado por la presidenta”, ningún “crimen de responsabilidad”, acotó.

El impeachment de Rousseff es el principal reclamo de dos de los movimientos que convocaron las protestas: el Movimento Brasil Libre (MBL) y Revoltados Online, que aseguran que la presidenta es culpable “como mínimo por omisión” en el escándalo de corrupción en Petrobras.

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